• Las Naciones Unidas pide al Gobierno peruano rinda informes por la desaparición forzada de corta duración cometida contra Nelson Calderón López, en el marco del allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
• EarthRights International interpuso una demanda de habeas corpus en favor de Nelson Calderón y Nestor Ninaja, ambos líderes indígenas aymaras.
• Este documento cobra mayor vigencia ante la falta de explicaciones del Gobierno peruano por la violenta represión contra manifestantes.

6 de marzo de 2023.- Como es de conocimiento público, diversos Relatores y Grupos de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas requirieron al gobierno de Dina Boluarte envíe información, en un plazo de 60 días, respecto de las denuncias de graves violaciones a derechos humanos que vienen teniendo lugar en el país desde el 7 de diciembre, en el marco de las protestas sociales.

En su comunicación conjunta, de fecha 24 de febrero, los referidos expertos independientes hacen un llamado urgente por la información que han recibido sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, el elevado número de ejecuciones extrajudiciales —particularmente de personas indígenas y campesinas—, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y masivas, el uso de un discurso oficial estigmatizante contra las personas manifestantes, entre otras, además de un caso de desaparición forzada de corta duración.

Desde EarthRights informamos que el caso de desaparición forzada temporal descrito por Naciones Unidas y por el que expresa su profunda preocupación, es el caso de Nelson Ander Calderón López, líder indígena aymara por quien presentamos una demanda de habeas corpus el 21 de enero pasado tras el allanamiento de la Policía Nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El documento aborda también la detención arbitraria de Nestor Ninaja Percca, en cuyo favor también se presentó el habeas corpus. Ambos indígenas aymaras de Ilave (Puno) se encontraban hospedados en la universidad San Marcos durante la irrupción de la Policía Nacional del Perú, siendo detenidos junto con otras 190 personas. Los Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas señalan que Nelson habría sido objeto de una desaparición forzada de corta duración aquel 21 de enero, pues:

“entre las 10 am y las 10:39 pm del mismo día, la suerte y paradero del Sr. Calderón López habrían permanecido desconocidos (…) hasta que su nombre habría aparecido en la lista de personas detenidas en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) publicada por la policía.”  (Pág. 6)

En este sentido, también advierten al Gobierno peruano que el traslado de personas desde el lugar de arresto y de diferentes centros de detención sin notificar a sus familias y a las personas asociadas con ellas, puede conducir a una desaparición forzada; reiterando que:

“no existe una duración mínima, según las normas internacionales de derechos humanos, durante la cual se desconozca la suerte o paradero de una persona privada de la libertad para que se considere una desaparición forzada si se cumplen todos los demás elementos del delito” (Pág. 10) y que “las desapariciones forzadas están ‘inseparablemente vinculadas’ a tratos que equivalen a tortura o a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.” (Pág. 11).

En el caso concreto, los Relatores y Grupos de Trabajo piden al Gobierno de Dina Boluarte que informe sobre las medidas que ha adoptado para investigar la desaparición temporal denunciada, para identificar a los autores y para garantizar el derecho de Nelson Calderón a ser reparado. Asimismo, insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de los dos indígenas aymaras; a investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas por las violaciones alegadas, así como a tomar las medidas efectivas para evitar que se repitan.

Es importante señalar que, a pesar de haber sido liberados, tanto a Nelson Calderón como a Nestor Tinaja, al igual que al resto de las personas manifestantes detenidas durante el operativo policial en la universidad San Marcos, les fue iniciada una arbitraria investigación penal que hasta este momento se encuentra abierta. A este respecto, los expertos independientes cuestionan al Gobierno peruano por el uso indebido del derecho penal para criminalizar a quienes están ejerciendo su derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión.

Finalmente, agregamos que la comunicación de Naciones Unidas también aborda los obstáculos con los que desde EarthRights nos tropezamos para la interposición de la demanda de habeas corpus, pues vía electrónica el sistema de notificaciones no lo permitió; físicamente las sedes del poder judicial se encontraban cerradas y no había información accesible sobre las vías posibles a utilizar, a pesar de la urgencia que el allanamiento de la Policía Nacional del Perú a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estaba representando.

Ante la falta de explicaciones claras del Gobierno peruano durante su reciente examinación por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en torno al uso indiscriminado de la fuerza por la Policía Nacional del Perú durante el actual estado de emergencia, y tras la violenta represión este fin de semana en Puno y en Lima por parte de dicha instancia policial contra las manifestaciones pacíficas —particularmente hacia las mujeres—, el llamamiento urgente de los Relatores y Grupos de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cobra aún mayor vigencia y espera respuestas.

Desde EarthRights estaremos atentos a ellas, al tiempo que exigimos el cese de la ya sistemática represión de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica.