Este 25 de marzo, la Corte Suprema de Lima verá el caso de diez dirigentes cusqueños criminalizados por elevar su voz en contra de la contaminación producida por minera Anabi S.A.C. De esta sentencia depende que los defensores ambientales, dirigentes de comunidades originarias del Cusco, se vean libres definitivamente de un largo proceso judicial y de una condena de 35 años de prisión y el pago de una exorbitante suma de dinero como reparación civil.

El Perú es uno de los países más peligrosos en Latinoamérica para ejercer el rol de defensor del ambiente y la naturaleza, no solo por las actividades ilegales que ponen en riesgo su integridad y hasta la vida misma, sino, además, por el hostigamiento que sufren por parte del mismo Estado, que lejos de protegerles y reivindicar su labor, les persigue judicialmente por años.

Este es el caso de diez dirigentes comunales del distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas (Cusco) que, a lo largo de trece años, han sido criminalizados mediante un largo proceso judicial el que les ha afectado significativamente a nivel personal, familiar y social.

En dos instancias previas (una en el 2020 y la otra en el 2021) el Poder Judicial emitió sentencias absolutorias a favor de todos los defensores, pues las pruebas presentadas por el fiscal no pudieron demostrar que los acusados hayan participado del atentado contra el campamento minero, por el que están siendo procesados. 

Durante los juicios se revisaron más de 150 videos, múltiples fotografías y testimonios, y en ninguno se ve a alguno de los acusados en el lugar de los hechos. A pesar de esto, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior, insistieron en continuar con las acusaciones, por lo que luego de la segunda sentencia absolutoria en febrero del 2021, el caso fue derivado a la Corte Suprema de Justicia.

Luego de una espera de casi tres años, la audiencia ante la Corte Suprema ha sido programada para este 25 de marzo de 2024; es un momento trascendental para reiterar la inocencia de los defensores de los cargos que se le imputan y rechazar  las sanciones que pretenden imponerles: 35 años de prisión para cada uno de los acusados y una reparación de casi US$ 3 millones para la minera y S/ 231 mil para el Estado y la sociedad.

Una sentencia en contra de los defensores sería un precedente nefasto para el rol de los defensores en el Perú y América Latina.

¿Qué pasó el 5 de febrero del 2012?

En diciembre del 2011 se iniciaron las protestas en contra de la minera Anabi S.A.C., por la presunta contaminación de los ríos Molinos y Santo Tomás. La protesta se reinició en febrero de 2012 debido al incumplimiento del compromiso asumido por el Estado peruano de realizar monitoreos ambientales en la zona.

En estas protestas participaron los denunciados Samuel Acero Hurtado, Edgardo Aguirre Pacheco, Grimaldo Asto Puma, Julián Alejo Ataucuri Mancilla, Luciano Ataucuri Chávez, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Jaime Mantilla Chancuaña, Wílber García Huaycani, Victoria Quispesivana Corrales. 

El 5 febrero de 2012, el campo minero de Anabi S.A.C. fue quemado y la empresa denunció a los diez dirigentes como responsables por los delitos de secuestro, disturbios, daños a la propiedad, entre otros. Luego, esta denuncia fue recibida  y encaminada por la fiscalía de Chumbivilcas.

De acuerdo con el testimonio de los acusados, ellos se encontraban en ese momento esperando la instalación de la mesa de diálogo en el distrito de Llusco, aproximadamente a una hora del campamento minero.

En el 2018, EarthRights International inició la defensa legal de Luciano Ataucuri Chávez y Julíán Alejo Ataucuri Mancilla; mientras que Derechos Humanos Sin Fronteras, asumió la defensa de Samuel Acero Hurtado, Edgardo Aguirre Pacheco, Grimaldo Asto Puma, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Jaime Mantilla Chancuaña, Wílber García Huaycani. Victoria Quispesivana Corrales, es representada por el defensor de oficio del Ministerio de Justicia. 

La criminalización como estrategia para acallar la voz de las personas defensoras del ambiente

A todas luces este es un caso deliberado de hostigamiento contra personas que ejercen su derecho a la protesta y  su derecho a defender derechos como el de un ambiente saludable y la preservación de  los recursos que son su sustento de vida y forman parte de su cultura y relacionamiento social.

Un caso más en el que se evidencia el uso del poder en contra de defensores ambientales, diez personas de comunidades originarias del departamento de Cusco que son sometidas a prolongados procesos judiciales, son acusadas de delitos que no cometieron y en los que no existe ninguna prueba en su contra, tal como se demostró en dos audiencias previas y en los que los defensores fueron absueltos de todo cargo.

Los impactos que un proceso judicial tiene en las personas defensoras son diversos, tal como el daño a la salud emocional que los sume en una angustia constante al saber que pueden ser condenados a más de tres décadas de prisión, así como pagar una suma de dinero que jamás conseguirán reunir.

A esto se suma, que las personas procesadas, aún sin recibir una sentencia, son estigmatizadas como lo menciona en una entrevista Edgardo Aguirre Pacheco: “la búsqueda de un trabajo se vio obstaculizada a causa de haber sido denunciado por Anabi. Nadie quiere contratar a un investigado por la justicia”. (Convoca.pe:https://convoca.pe/investigacion/la-lucha-tenaz-de-los-defensores-del-agua-en-el-sur-del-peru)

Esperamos que la Sala Penal de la  Corte Suprema de Justicia de Lima, reivindique estas acciones que van en contra de los defensores y defensoras ambientales y que mediante un fallo ejemplar, determine de manera definitiva la inocencia  de los dirigentes para que puedan continuar con sus labores, sus vidas personales, sus labores y su rol de defensores del ambiente no cese.

Recibimiento a los defensores acusados a la salida de la primera instancia el 2021.

Sepa más del caso aquí:

Notas relacionadas:

https://www.idl.org.pe/lecciones-de-la-sentencia-del-caso-llusco-anabi-sobre-criminalizacion-de-la-protesta-en-chumbivilcas/
https://earthrights.org/media_release/defensores-cusco-inocentes/
https://derechosinfronteras.pe/caso-anabi-sentencia-ratifica-la-necesidad-de-un-cabal-e-imparcial-desempeno-del-ministerio-publico/
https://convoca.pe/agenda-propia/chumbivilcas-corte-suprema-considera-reabrir-caso-de-dirigentes-ambientales-que
https://convoca.pe/investigacion/la-lucha-tenaz-de-los-defensores-del-agua-en-el-sur-del-peru