• Estudios científicos de Source International, realizados a lo largo de diez años, evidencian la grave contaminación por metales pesados y afectaciones a la salud, debido a décadas de actividad minera en Cerro de Pasco.
• Ante riesgo de exposición de sustancias peligrosas, “el Estado no puede ser espectador”, afirma el Relator Naciones Unidas, Dr. Marcos Orellana.
• Puede acceder al informe completo de Source International aquí.

El miércoles 12 de junio, se realizó el foro virtual denominado “El caso de Cerro de Pasco, Perú: entre violaciones a derechos humanos y la ausencia de justicia ambiental”, organizado por Source International, Centro Labor y EarthRights International con el apoyo de la Red Muqui. En dicho foro, Source International presentó los resultados de los estudios ambientales y sanitarios que ha venido realizando en los últimos diez años respecto a la actividad minera en Cerro de Pasco, y que demuestran la alarmante problemática ambiental que se vive en dicha ciudad.

Además de las exposiciones de Source International y de Centro Labor, el espacio contó con la participación del Dr. Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, así como con el Dr. Walter Contreras, jefe de la Unidad de Metales Pesados del MINSA, y con el abogado Julio Rupay, actual Alcalde Provincial de Cerro de Pasco.

LA LUCHA POR EL DERECHO A LA SALUD EN CERRO DE PASCO

Cerro de Pasco es una ciudad peruana ubicada a 4 380 metros sobre el nivel del mar. Rodeando al inmenso tajo abierto de 2.5 km de largo por 1.8 km de ancho y con profundidad aproximada de 800 metros, se encuentran los distritos de Simón Bolívar, Chaupimarca y Yanacancha.

Esta ciudad, históricamente minera, presenta graves problemas de contaminación ambiental y una alarmante afectación a la salud de sus habitantes debido a los trabajos sin control ni regulación de parte del Estado ni acciones de responsabilidad social y ambiental de las empresas mineras que operan en la zona.

La problemática de salud por la actividad minera de Volcan en Cerro de Pasco no es un tema nuevo para Jaime Silva, parte del equipo técnico de Centro Labor, institución asociada a la Red Muqui, puesto que su abordaje data de hace más de 30 años. Recién, en el año 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) reconoció que hay 10 millones de personas expuestas a la contaminación por metales tóxicos, entre ellos un número indeterminado de habitantes de la ciudad.

Durante su intervención, Jaime Silva señaló los diversos estudios que se han realizado en Cerro de Pasco para analizar la afectación de la salud por metales pesados, producto de la actividad minera, “a la fecha han fallecido (a consecuencia de la contaminación por metales pesados) Bladimir Palma, Esmeralda Martín y la adolescente Shirley Castañeda. Hay una lenta respuesta por parte del Estado. En Cerro de Pasco no hay establecimientos de salud implementados para atender a las personas intoxicadas, ni especialistas en la materia”, expresó. 

Recordó también que, en el 2015, familias del distrito de Simón Bolívar, donde fueron detectados niños con altos niveles de plomo en sangre, problemas de aprendizaje, entre otros males físicos y cognitivos, realizaron una marcha hacia la ciudad de Lima para pedir atención inmediata a la salud.

METALES PESADOS ESTÁN ACABANDO CON LA VIDA DE LOS POBLADORES

Laura Grassi, científica de Source International, hizo un recuento de los hallazgos de su investigación en el agua, el suelo y en la salud de la población. Por ejemplo, encontraron excesiva concentración de plomo (536 %) y arsénico (340 %) en la cancha de fútbol del centro poblado Quiulacocha. En tanto, en el pastizal de la relavera de Ocroyoc y Quiulacocha encontraron exceso de plomo (2600 %), de cadmio (1540 %), y de arsénico (860 %).

El riesgo para la salud humana se da porque a través del suelo contaminado con metales pesados “se transfiere al pasto, y los animales que pastorean en esa zona acumulan metales en sus tejidos, la carne de muchos de esos animales como alpaca, vaca, llama, carnero es consumida por la población”, explicó. En el 2019 se realizó el análisis de la carne de animales que pastorean en estos sitios, arrojando niveles muy altos de concentración de plomo por encima de lo permitido de FAO.

En cuanto a los resultados sobre los estudios en la salud, Source analizó a la población del centro poblado de Paragsha, que está directamente expuesta a metales pesados, contrastando los resultados con el centro poblado de Carhuamayo, que está a 40 km de Cerro de Pasco. Los hallazgos son alarmantes: a la población de Paragsha se le encontró mayor porcentaje de manifestación clínica asociada a contaminación por metales pesados: manchas en la piel, encías azules, conjuntivitis, alteraciones digestivas. Mientras que, los niños presentaron un rango de coeficiente intelectual inferior y muy bajo tras realizarles pruebas estandarizadas de lenguaje, memoria, matemáticas y lógicas.

“La conclusión es que la contaminación minera sigue a niveles altos impactando irreversiblemente la salud de la población cerreña, violando múltiples derechos y condenando a enfermedades y pobreza. La población afectada sigue pidiendo acciones urgentes en el tema de prevención, cura y remediación ambiental.”, concluyó Laura Grassi.

Por su parte, el Relator Especial de la ONU, Marcos Orellana, señaló que sustancias como el plomo, el arsénico y el mercurio, son conocidamente peligrosas; y que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no hay límite seguro de exposición al plomo, por lo que cualquier exposición a esta sustancia es peligrosa, “especialmente para los niños y las niñas; el plomo les roba de su infancia, de su niñez y de las posibilidades que puedan tener en su vida futura”.

Asimismo, el relator resaltó que, ante el riesgo de exposición de sustancias peligrosas, el Estado no es un espectador, sino que tiene la obligación de actuar de manera efectiva para proporcionar protección y garantía a los derechos humanos; exponiendo de esta manera su postura.

Finalmente, Itzel Silva, de EarthRights International, retomó en las conclusiones del foro el ejemplo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la Oroya que responsabiliza al Estado peruano por la violación de los derechos de ambiente sano, la salud y la vida de 80 pobladores que fueron expuestos a metales pesados por actividades minero-metalúrgicas.

DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO Y LAS EMPRESAS MINERAS

Sin embargo, el Estado peruano no ha asumido la deuda histórica ambiental que tiene con la población de Cerro de Pasco.  De hecho, el Concejo Municipal del Distrito de Simón Bolívar rechazó en sesión ordinaria el 24 de abril de 2024, presentar una demanda civil por daños ambientales en contra de la minera, pues no contó con la mayoría de los votos de los regidores. Con ello, el Concejo negó la oportunidad de explorar una vía para hallar justicia ambiental ante la gravedad de la situación.

Por otra parte, las empresas mineras no asumen ninguna responsabilidad ante los graves hallazgos sobre la precaria salud de los pobladores cerreños. Glencore, de capitales suizos, adquirió en 2017 las acciones mayoritarias de la minera Volcan, propietaria de la explotación en Cerro de Pasco y uno de los mayores productores mundiales de zinc, plomo y plata. Recientemente, la empresa argentina Integra Capital se convirtió en la nueva entidad controladora al adquirir el total de la participación del grupo Glencore en Volcan. 

El daño ambiental y el impacto irreversible a la salud por décadas de contaminación minera están a la vista, y su atención no puede esperar más; el Estado peruano tiene el deber ineludible y urgente de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tomar todas las medidas necesarias y garantizar un cambio sustancial de la actual situación.