Pronunciamiento conjunto de EarthRights International, Amazon Watch, Environmental Research Agency, Center for International Environmental Law, Due Process for Law Foundation, Robert F. Kennedy Human Rights y Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).
En solo un mes desde que Dina Boluarte asumió el gobierno, al menos 48 civiles han sido asesinados en el contexto de las protestas sociales, 41 de ellos como resultado de heridas causadas por disparos de armas de fuego. Los grupos de derechos humanos han criticado duramente a las fuerzas de seguridad peruanas que, al parecer, son responsables de la mayoría de las muertes por el uso indiscriminado de fuerza letal contra civiles.
Desde el inicio de la actual crisis política de Perú, altos funcionarios de la administración Biden de la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional han compartido reiteradas expresiones públicas de apoyo a la presidenta peruana Dina Boluarte y su gobierno. Sin embargo, hasta la fecha, los funcionarios de la administración de Biden no han hecho declaraciones públicas que indiquen preocupaciones específicas sobre la respuesta del gobierno a las protestas y las graves violaciones de derechos humanos que han resultado del uso excesivo de la fuerza. Un tuit de la embajadora Lisa Kenna del 10 de enero en respuesta a los últimos asesinatos decía que “es urgente que se tomen medidas para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas”.
Una declaración tan ambigua contrasta con los comentarios realizados por instituciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han expresado públicamente su profunda preocupación, al igual que gobiernos, incluidos el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea.
Como organizaciones internacionales de derechos humanos y ambientales, hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que exprese de manera urgente su rechazo inequívoco al uso desproporcionado y excesivo de la fuerza contra manifestantes y detenciones arbitrarias en Perú. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos debe condenar el uso de un lenguaje estigmatizante contra los manifestantes, que crea el ambiente propicio para que las fuerzas de seguridad hagan uso indiscriminado de la fuerza letal. Instamos a la administración Biden a que sume su voz a los llamados de la comunidad internacional para que el Estado peruano garantice investigaciones imparciales e independientes dirigidas por instituciones civiles y a que rechace explícitamente el uso de la jurisdicción militar para las investigaciones.
Además, debe ofrecer apoyo público a la importante labor de la Defensoría del Pueblo, que se encuentra bajo presión política por su papel en la documentación y difusión de información sobre las numerosas violaciones de derechos humanos.
Independientemente de que la administración Biden ya esté expresando en privado estas preocupaciones al gobierno de la presidenta Boluarte, ya es hora de que los funcionarios estadounidenses hablen públicamente. Si siguen sin pronunciarse no se denuncian las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad peruanas, se corre el riesgo de que se perciba que al gobierno de los Estados Unidos no le preocupan los riesgos que estas tácticas represivas representan para la democracia peruana.
Contacto:
Kate Fried, EarthRights International
kate.fried@earthrights.org
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