Lima, Perú – El pasado viernes 09 de julio de 2021, Máxima Acuña Atalaya y su familia presentaron una petición de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en su caso contra Newmont Mining Corporation.

En este documento, la familia solicita que la Corte Suprema revise una doctrina jurídica que frecuentemente permite bloquear algunos  casos basados en la noción de que es más “conveniente” para una empresa estadounidense defenderse en un tribunal extranjero que  en su estado de origen.

La petición sostiene que, sin la orientación de la Corte Suprema, los tribunales inferiores seguirán adoptando reglas contradictorias al aplicar  la doctrina que no salvaguardan un juicio justo y se apartan marcadamente de las motivaciones originales de la doctrina. La petición es respuesta a una sentencia del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos del pasado mes de diciembre, que confirmaba la decisión tomada por un tribunal inferior de que el caso debe ser llevado en Perú y no en los Estados Unidos. EarthRights International representa a la familia. 

“Máxima y su familia demandaron a Newmont Mining por los años de acoso e intimidación que sufrieron porque se negaron a abandonar sus cultivos para dar paso a una enorme mina de oro”, dijo Wyatt Gjullin, abogado de EarthRights. “Sin embargo, los tribunales estadounidenses del mismo estado en el que está constituida la empresa, Delaware, han utilizado repetidamente una doctrina procesal técnica errónea para impedir que la familia le exija responsabilidades a Newmont. La familia ha llevado ahora su lucha al más alto tribunal de los Estados Unidos, luchando por un juicio justo y para establecer un precedente para otros defensores de los derechos humanos que se enfrentan a los abusos de las empresas.”

Máxima, agricultora y defensora de la tierra de la sierra rural de Cajamarca (Perú), y su familia, demandaron a Newmont en Estados Unidos por abusos a manos de las fuerzas de seguridad de la empresa. El pasado mes de marzo, el Tribunal Federal para el Distrito de Delaware desestimó el caso, indicando que debería llevarse en Perú, sin pronunciarse sobre los hechos subyacentes. 

En diciembre, el Tribunal de Apelación confirmó esa decisión, dictaminando que el resultado era aceptable a pesar de las “recientes y graves alegaciones de corrupción” en el poder judicial peruano. Después de casi cuatro años, los tribunales estadounidenses no han llegado al fondo de las demandas de la familia. La desestimación del tribunal de distrito fue “sin perjuicio”, lo que significa que los tribunales estadounidenses han dejado abierta la posibilidad de que la familia pueda volver a Estados Unidos si los tribunales peruanos se niegan a conocer el caso o si Newmont no cumple las condiciones de la desestimación. 

En su caso, Máxima Acuña Atalaya y su familia alegan que Newmont ha intimidado y enviado a la policía y a sus fuerzas de seguridad para que los ataquen físicamente, matando a sus animales y destruyendo sus propiedades, todo ello para obligarlos a abandonar su granja y sentar el camino para  una enorme mina de oro a tajo abierto. La familia demandó a la empresa minera en su estado de origen, Delaware.

Afirmando que les resultaría inconveniente defenderse en su país, Newmont solicitó que se desestimara el caso, argumentando que en su lugar debía presentarse en Perú, a pesar de la crisis de corrupción judicial que existe en el país sudamericano.

El tribunal de distrito consideró que, en virtud de la doctrina conocida como “forum non-conveniens”, Newmont había demostrado que defenderse en su estado de origen era demasiado “inconveniente” y que los tribunales peruanos podían conocer de manera justa las reclamaciones de la familia. Lo hizo a pesar de reconocer la existencia de pruebas de corrupción judicial en Perú, incluidas las pruebas de los propios intentos de Newmont de corromper los tribunales peruanos en el pasado.

El Tribunal de Apelación confirmó la decisión, aunque señaló que existen “recientes y graves alegaciones de corrupción”. El tribunal también ignoró el caos político que vivía Perú en el momento de su decisión, meses durante los cuales un presidente reformista fue destituido por su Congreso en lo que muchos llamaron un golpe de estado, desatando protestas masivas, violentas y mortales.

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Piero Meza
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