La Nación U’wa contra el Estado colombiano

Según su cosmovisión, los U’wa deben cumplir la misión del padre creador Sira de mantener el equilibrio entre el mundo de arriba y el de abajo, entre el cielo, la tierra y el subsuelo. Para la Nación U’wa, guardianes de la Madre Tierra y la vida, los recursos naturales son sagrados. El petróleo (Ruiría) es la sangre de la Madre Tierra y su extracción conlleva al desequilibrio. Esto conduce a la desaparición de la cultura y las especies, incluida la humana.

Desde la llegada de las empresas extractivas, a principios de los años noventa, la Nación U’wa ha luchado para proteger su territorio ancestral frente a los intereses del Estado y de poderosas empresas como la Occidental Petroleum y Ecopetrol. 

A lo largo de casi tres décadas, el Estado colombiano ha incumplido con su deber de titular y proteger el territorio de la Nación U’wa. En cambio, ha permitido y promovido la ejecución de proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas, la concesión de títulos mineros y la militarización del territorio para proteger intereses económicos privados. Situación que agrava la condición de vulnerabilidad de los U’wa, generando enfrentamientos violentos en el contexto del conflicto armado interno, incluidos atentados contra el oleoducto que atraviesa su territorio y represiones a protestas pacíficas y señalamientos a sus líderes.

Además, el Estado impuso sobre Zizuma, un área de especial importancia cultural, espiritual y ambiental para los U’wa, la figura de Parque Nacional Natural (El Cocuy), permitiendo actividades turísticas que han generado graves impactos ambientales y culturales en esta zona sagrada. 
Ante la sistemática vulneración de sus derechos y luego de agotar todas las instancias nacionales, en 1997, la Nación U’wa llevó su caso al sistema interamericano de derechos humanos en busca de justicia.

Finalmente, en diciembre de 2024, tras más de 25 años de lucha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico declarando al Estado colombiano responsable por la violación de los derechos de la  Nación U’wa.

Pueblo indígena U’wa

Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (AsoU’wa)
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

EarthRights International (ERI) quien desde 2014 acompaña a la Nación U’wa en el proceso legal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Occidental Petroleum Corp. (Oxy) es una empresa  petrolera estadounidense,  que operó en el territorio U’wa y sus alrededores desde principios de los 80 y hasta mayo de 2002. Oxy construyó el oleoducto de Caño Limón, que atraviesa el territorio U’wa y obtuvo  licencia de exploración y explotación para el Bloque Samoré.

Ecopetrol es una empresa petrolera colombiana, mayoritariamente de propiedad estatal, que tomó el relevo de Oxy y ha propuesto la exploración y explotación de los bloques Gibraltar, Siriri y Catleya. Ecopetrol está operando actualmente una planta de gas en el territorio U’wa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado colombiano por diversas omisiones y acciones que vulneraron  los derechos de la Nación U’wa. Entre ellas:

> La falta de eficacia en resolver la clarificación de los títulos coloniales del Pueblo U’wa.
> El incumplimiento en la culminación del proceso de titulación y saneamiento del Resguardo Unido U’wa y el Resguardo Kuitia.
> Negar la participación constante del pueblo U’wa en la administración del Parque Nacional Natural el Cocuy .
> No haber garantizado el derecho a la consulta previa con respecto a proyectos extractivos de gas y petróleo, que han tenido un grave impacto ambiental y cultural. Incumplimiento del deber de realizar estudios adecuados de impacto socioambiental sobre los proyectos e implementar medidas efectivas para mitigar los daños ocasionados por las voladuras del oleoducto Caño Limón.
> No haber garantizado los derechos a la libertad de expresión, reunión, libre determinación y derechos de la niñez al haber reprimido de manera desproporcionada el ejercicio de la protesta social por parte de la Nación U’wa.
> La vulneración de los derechos a la propiedad colectiva, la libertad de expresión, la participación política, y el derecho a la cultura y al medio ambiente sano impactaron la calidad de vida de la Nación U’wa;  violando su derecho a una vida digna y a la integridad personal.

Medidas de reparación ordenadas por la Corte:

> Adoptar y finalizar las acciones necesarias para el saneamiento integral del Resguardo Unido U’wa y el Resguardo Kuita.
> Clarificar los títulos coloniales para brindar seguridad jurídica al territorio U’wa.
> Garantizar la participación de la Nación U’wa en la administración y conservación del área de traslape del Parque Nacional Natural El Cocuy (Zizuma), respetando su cosmovisión.
> Identificar, junto con la Nación U’wa, los impactos de los proyectos extractivos vigentes en el resguardo y sus áreas adyacentes, e implementar medidas efectivas para mitigar o eliminar estos daños y garantizar el derecho del pueblo U’wa a participar en la vida cultural.
> Adoptar medidas para mitigar los daños ambientales ocasionados por el oleoducto Caño Limón.
> Difundir la sentencia, incluyendo la socialización en todas las comunidades que conforman la Nación U’wa, antes de seis meses a partir de la notificación de la sentencia (20 de diciembre de 2024).
> Realizar un acto público de reconocimiento internacional de responsabilidad por los hechos del caso, dentro del plazo de un año a partir de la notificación.
> Resolver los recursos judiciales pendientes interpuestos por el pueblo U’wa.
> Crear un fondo de desarrollo comunitario dirigido a la recuperación de la cultura indígena, cuyos objetivos deberán ser definidos por la Nación U’wa.