Desde principios de los años noventa, el pueblo indígena U’wa ha defendido su territorio y cultura ancestral, resistiendo las amenazas del turismo y la explotación de recursos naturales, como el petróleo y gas, sagrados para su cultura.
La Nación U’wa, ubicada entre los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, ha enfrentado más de 25 años de lucha jurídica, luego de que el Estado colombiano violara sistemáticamente sus derechos colectivos, territoriales y culturales.
DERECHOS VULNERADOS
Según la cosmovisión de la Nación U’wa, Sira, el padre creador, les encomendó el rol de ser guardianes de la “Madre Tierra”, preservando el equilibrio entre el mundo de arriba y el de abajo: el cielo, la tierra y el subsuelo. Para los U’wa los recursos naturales, como el petróleo, el gas, el carbón y otros minerales, son sagrados y no deben ser extraídos. Las actividades extractivas y la presencia de multinacionales desequilibran su entorno, atentan contra su cultura y su autonomía, y representan una amenaza para su territorio, del cual depende su supervivencia.
Desde principios de los años noventa, los U’wa han luchado constantemente para proteger su territorio ancestral frente a los intereses extractivos del Estado y las empresas de petróleo y gas, como la Occidental Petroleum y Ecopetrol.
El Estado colombiano ha negado al pueblo U’wa su derecho a la propiedad colectiva de su territorio ancestral, permitiendo y promoviendo la ejecución de proyectos petroleros, mineros, turísticos y de infraestructura sin consulta previa ni su consentimiento. Desde 1999, el Estado colombiano ha incumplido con sus compromisos de ampliación, saneamiento y titulación del territorio. Hasta la fecha, solo un 25% de su territorio ancestral ha sido reconocido.
Permitiendo la imposición de los proyectos extractivos, el otorgamiento de títulos mineros y la militarización del territorio agravado la situación de vulnerabilidad, en medio del conflicto armado interno de Colombia. La presencia de la fuerza pública para proteger los intereses de las empresas extractivas, junto con la represión violenta de su derecho a la protesta pacífica y el señalamiento a sus líderes.
En 2012, el Estado estableció la vocación ecoturística del Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy, Zizuma para los U’wa, un lugar sagrado según su cosmovisión. Esta decisión ha causado un impacto ambiental significativo y ha vulnerado su cultura.
Tras agotar las instancias nacionales, en junio de 2015, el caso U’wa fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En octubre de 2020, la CIDH concluyó que el Estado era responsable “por la falta de una protección efectiva del derecho a la propiedad ancestral del Pueblo U’wa, así como la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de sus derechos” y remitió al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En abril de 2023, el caso fue finalmente escuchado en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se encuentra a la espera de sentencia. El fallo será decisivo para la supervivencia física y cultural de la Nación U’wa.
Desde principios de los años noventa, los U’wa han luchado constantemente para proteger su territorio ancestral frente a los intereses extractivos del Estado y las empresas de petróleo y gas, como la Occidental Petroleum y Ecopetrol.
El Estado colombiano ha negado al pueblo U’wa su derecho a la propiedad colectiva de su territorio ancestral, permitiendo y promoviendo la ejecución de proyectos petroleros, mineros, turísticos y de infraestructura sin consulta previa ni su consentimiento. Desde 1999, el Estado colombiano ha incumplido con sus compromisos de ampliación, saneamiento y titulación del territorio. Hasta la fecha, solo un 25% de su territorio ancestral ha sido reconocido.
Permitiendo la imposición de los proyectos extractivos, el otorgamiento de títulos mineros y la militarización del territorio agravado la situación de vulnerabilidad, en medio del conflicto armado interno de Colombia. La presencia de la fuerza pública para proteger los intereses de las empresas extractivas, junto con la represión violenta de su derecho a la protesta pacífica y el señalamiento a sus líderes.
En 2012, el Estado estableció la vocación ecoturística del Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy, Zizuma para los U’wa, un lugar sagrado según su cosmovisión. Esta decisión ha causado un impacto ambiental significativo y ha vulnerado su cultura.
Tras agotar las instancias nacionales, en junio de 2015, el caso U’wa fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En octubre de 2020, la CIDH concluyó que el Estado era responsable “por la falta de una protección efectiva del derecho a la propiedad ancestral del Pueblo U’wa, así como la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de sus derechos” y remitió al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En abril de 2023, el caso fue finalmente escuchado en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se encuentra a la espera de sentencia. El fallo será decisivo para la supervivencia física y cultural de la Nación U’wa.
Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (AsoU’wa),
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR),
EarthRights International
Nota: En el Sistema Interamericano, los abogados y las ONG suelen actuar como peticionarios en nombre de otros beneficiarios.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR),
EarthRights International
Nota: En el Sistema Interamericano, los abogados y las ONG suelen actuar como peticionarios en nombre de otros beneficiarios.
Estado de Colombia
Por décadas, el Estado colombiano ha promovido y autorizado proyectos extractivos, turísticos y de infraestructura en el territorio ancestral de la Nación U’wa, sin realizar la consulta previa y obtener su consentimiento. Por lo cual, demandan al Estado por la violación sistemática de sus derechos.
En 1997, su caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en 2023 fueron finalmente escuchados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por primera vez la Corte IDH tendrá que decidir sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de un pueblo indígena en Colombia.
En 1997, su caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en 2023 fueron finalmente escuchados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por primera vez la Corte IDH tendrá que decidir sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de un pueblo indígena en Colombia.
Occidental Petroleum Corp. (Oxy) es una empresa petrolera estadounidense, que operó en el territorio U’wa y sus alrededores desde principios de los 80 y hasta mayo de 2002. Oxy construyó el oleoducto de Caño Limón, que atraviesa el territorio U’wa y obtuvo licencia de exploración y explotación para el Bloque Samoré.
Ecopetrol es una empresa petrolera colombiana, mayoritariamente de propiedad estatal, que tomó el relevo de Oxy y ha propuesto la exploración y explotación de los bloques Gibraltar, Siriri y Catleya. Ecopetrol está operando actualmente una planta de gas en el territorio U’wa.
Ecopetrol es una empresa petrolera colombiana, mayoritariamente de propiedad estatal, que tomó el relevo de Oxy y ha propuesto la exploración y explotación de los bloques Gibraltar, Siriri y Catleya. Ecopetrol está operando actualmente una planta de gas en el territorio U’wa.
CRONOLOGÍA DEL CASO
TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA (ABRIL 2023)
