CONTEXTO 

La comunidad campesina de Urinsaya, ubicada en el distrito de Coporaque, Espinar (Cusco, Perú), se encuentra en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, una de las principales productoras de cobre del Perú. Esta empresa transporta sus minerales a través del  Corredor Minero, una carretera que atraviesa el territorio de Urinsaya. 

Según el Estudio de Impacto Ambiental del 2014, aprobado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), diariamente circulan por esta vía alrededor de 310 vehículos vinculados a la minera. Las comunidades afectadas, incluida Urinsaya, han denunciado impactos ambientales y sociales negativos, como contaminación y daños a sus derechos colectivos. Además, se han reportado varios accidentes con camiones transportando minerales, incluyendo derrames, en el territorio de Urinsaya.

RESUMEN DEL CASO

Las y los defensores de la comunidad originaria de Urinsaya llevan mucho tiempo denunciando públicamente los impactos sociales y ambientales provocados por el constante tránsito y volcadura de camiones que transportan minerales a través del Corredor Minero que cruza su territorio.

Ante la falta de atención  a la problemática ambiental, la comunidad organizó diversas movilizaciones sociales en el tramo de la carretera que atraviesa Urinsaya. Una de estas protestas se realizó el 30 de enero de 2020, en el puente Huañamayo.

Durante esa jornada, los comuneros y comuneras identificaron a una persona desconocida que, de manera sospechosa, tomaba fotografías y grababa a quienes participaban en la manifestación. Al ser interrogado, el hombre afirmó ser ganadero y negó tener vínculos laborales con PROSEGUR, empresa de seguridad privada que prestaba servicios a la minera MMG Las Bambas. Tras ese breve intercambio, se retiró libremente hacia su hospedaje.

Sin embargo, al día siguiente, 31 de enero, ocho líderes y dos lideresas de la comunidad de Urinsaya se enteraron de una denuncia en su contra por el presunto delito de secuestro de la persona intervenida el día anterior. Posteriormente, se confirmó que dicha persona sí era trabajador de PROSEGUR.

Desde entonces, los comuneros y comuneras de Urinsaya enfrentan un extenso proceso judicial que ya supera los cinco años, a pesar de que no existen pruebas en su contra. Incluso la mayoría de los denunciados no se encontraban en el lugar de los hechos al momento de la protesta. Todo indica que fueron denunciados por ocupar cargos dirigenciales en la comunidad y ser figuras visibles debido a sus responsabilidades y funciones.

En el 2021, EarthRights International asumió la defensa de tres de las personas acusadas. Ese mismo año se logró que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Espinar archivara el caso. Sin embargo, la fiscal apeló esta decisión del juez.

Tras más de dos años de espera, en el 2024, el Juzgado decidió que los diez  acusados y acusadas vayan a juicio, el mismo que inició en agosto.

Frente a un evidente caso de criminalización de la protesta, se han puesto en evidencia numerosas inconsistencias: contradicciones en las declaraciones de la supuesto agraviado, una denuncia aparentemente fabricada (el propio denunciante niega haberla presentado) y testigos que respaldan la versión de varios comuneros y comuneras que se encontraban a varias horas del lugar de los hechos.