Este 25 de marzo de 2024, el caso de diez defensores acusados de varios delitos por la minera Anabi S.A.C., se llevará ante la Corte Suprema de Justicia de Lima.

  • Pese a que en dos instancias previas (en el 2020 y en el 2022), los jueces determinaron que no existen pruebas en contra de los diez dirigentes de Chumbivilcas, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior apelaron el fallo.
  • La minera Anabi S.A.C. los denunció por el incendio del campamento minero, ocurrido en febrero de 2012; sin embargo, la fiscalía no ha podido demostrar la participación de ninguno de los defensores en el atentado.
  • Fiscalía pide 35 años de prisión para cada uno de los defensores y más de US$ 3 millones de dólares como reparación a la minera.

Lima, Cusco, jueves, 21 de marzo de 2024.- Este lunes 25 de marzo, tras una espera de casi tres años, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia verá el caso de diez defensores del ambiente de la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, denunciados por la minera Anabi S.A.C. de cometer varios delitos, entre ellos daño a la propiedad privada, acusándolos como responsables del incendio del campamento minero, producido en medio de las protestas en febrero de 2012.

Pese a que recibieron sentencias absolutorias en dos instancias previas, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior apelaron la segunda absolución, por lo que el caso llegó hasta la Corte Suprema, el máximo tribunal que ejerce justicia en el país.

La Fiscalía pretende imponerles 35 años de prisión para cada uno y una reparación de casi US$ 3 millones para la minera y S/ 231 mil para el Estado y la sociedad.

Los acusados, dirigentes de comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, son Luciano Ataucuri Chávez, Julíán Alejo Ataucuri Mancill, Samuel Acero Hurtado, Edgardo Aguirre Pacheco, Grimaldo Asto Puma, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Jaime Mantilla Chancuaña, Wílber García Huaycani y Victoria Quispesivana Corrales.

La Corte Suprema tiene en sus manos la ratificación de inocencia de estos dirigentes, que vienen enfrentando por cerca de trece años  un proceso judicial largo, que les ha traído impactos negativos a su salud física y mental, así como un deterioro en su vida personal y laboral, impidiéndoles acceder a puestos de trabajo.

Este es un claro ejemplo de criminalización de personas defensoras del medio ambiente que buscan preservar los recursos naturales de sus comunidades, perseguidas y hostigadas por grandes y poderosos intereses; en el que se evidencia, además, que el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales de protección a las personas defensoras sino que, al contrario, las persigue y acusa con procesos judiciales prolongados y sin pruebas.

EarthRights International (ERI) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) asumen la defensa legal de los defensores de Chumbivilcas y esperan que, por un sentido de coherencia y por no contar con sustentos jurídicos, la Corte Suprema ratifique y los absuelva definitivamente.

Katherine Paucar, abogada de ERI sostiene: “La criminalización por parte del sistema de justicia no solo afecta negativamente a nivel personal, familiar y organizacional a las personas que han sido criminalizadas, sino que también compromete las obligaciones del Estado de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos que fueron ejercidos en dichas protestas sociales”.

Esperamos que la Sala Penal de la  Corte Suprema de Justicia de Lima, rechace las acusaciones en contra de los defensores y defensoras ambientales y que mediante un fallo ejemplar, ratifique de manera definitiva la inocencia de los dirigentes para que puedan continuar con sus labores, sus vidas personales, y su rol de defensores del ambiente no cese.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

  • Las protestas contra la minera Anabi S.A.C. iniciaron en diciembre de 2011 por la contaminación de los ríos Molinos y Santo Tomás.
  • Se realizaron acercamientos, mediante instalación de mesas de diálogo, entre la minera, el Estado y los pobladores. Sin embargo, el Estado no cumplió con su compromiso de realizar monitoreos ambientales en la zona y las protestas se reinciaron en el 2012.
  • El 5 febrero de 2012, el campamento minero de Anabi S.A.C. fue quemado y la empresa denunció a diez dirigentes como responsables por los delitos de secuestro, disturbios, daños a la propiedad, entre otros; denuncia que fue encaminada también por la fiscalía de Chumbivilcas.
  • El primer juicio se realizó en el 2019, en el que, a pesar de que se analizaron más de 150 videos, múltiples fotografías y testimonios, no se pudo demostrar la participación de ninguno de los acusados en lugar del atentado, como resultado, los defensores fueron absueltos de todo cargo. Este fallo fue apelado y en el 2021, se ratificó la absolución por no contar con pruebas ni sustentos para sancionar a los defensores.
  • Ante esta segunda sentencia absolutoria, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior apelaron, por lo que el caso ha sido derivado a la Corte Suprema de Justicia.
  • En el 2018, EarthRights International inició la defensa legal de Luciano Ataucuri Chávez y Julíán Alejo Ataucuri Mancilla; mientras que Derechos Humanos Sin Fronteras, asumió la defensa de Samuel Acero Hurtado, Edgardo Aguirre Pacheco, Grimaldo Asto Puma, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Jaime Mantilla Chancuaña, Wílber García Huaycani. Victoria Quispesivana Corrales, es representada por el defensor de oficio del Ministerio de Justicia. 

Notas relacionadas:

https://www.idl.org.pe/lecciones-de-la-sentencia-del-caso-llusco-anabi-sobre-criminalizacion-de-la-protesta-en-chumbivilcas/
https://earthrights.org/media_release/defensores-cusco-inocentes/
https://derechosinfronteras.pe/caso-anabi-sentencia-ratifica-la-necesidad-de-un-cabal-e-imparcial-desempeno-del-ministerio-publico/
https://convoca.pe/agenda-propia/chumbivilcas-corte-suprema-considera-reabrir-caso-de-dirigentes-ambientales-que
https://convoca.pe/investigacion/la-lucha-tenaz-de-los-defensores-del-agua-en-el-sur-del-peru

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