En Colombia, el racismo estructural y los intereses económicos han perpetuado la violencia y desprotección de los derechos de los pueblos indígenas, sin que se vislumbre en el panorama un cambio, ni siquiera de parte del autoproclamado “gobierno del cambio”.

Hace un mes se llevó a cabo la audiencia pública en la Corte interamericana Derechos Humanos donde por primera vez el Estado colombiano enfrenta una demanda por la violación de derechos territoriales y culturales de un pueblo indígena. Un hito para la Nación U’wa que, tras 26 años, finalmente fue escuchada por un tribunal; oportunidad que desaprovechó el actual gobierno para mostrar un compromiso real de transformación ante las problemáticas que viven los pueblos indígenas; así como cumplir su promesa de gobernar para los históricamente excluidos y marginados.

El Estado no reconoció responsabilidad internacional en el caso U’wa, ignorando el sinnúmero de vejaciones de las que han sido víctimas miembros de esta comunidad desde la llegada de los proyectos de petróleo y gas a su territorio ancestral; el señalamiento a los líderes y lideresas, las acciones violentas y amenazas de la fuerza pública ante sus protestas pacíficas y los atentados perpetrados por grupos al margen de la ley, han vulnerado su cultura y su derecho a disfrutar pacíficamente de su territorio. Pese a las contundentes pruebas presentadas que dan cuenta de lo ocurrido en los últimos 30 años, la defensa del Estado insiste en argumentar que no se han violado los derechos de la Nación U´wa, dejando ver que la consulta previa en Colombia se lleva a cabo como un simple trámite informativo en lugar de ser un instrumento que garantice a las comunidades su derecho a decidir sobre los asuntos que atentan contra su proyecto de vida colectivo dentro de sus territorios.

Postura contradictoria al discurso pronunciado por el presidente de Colombia Gustavo Petro, el pasado 18 de abril en Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, donde citó las palabras del líder U’wa Berito Kuwaru’wa para hacer un llamado a la comunidad internacional sobre los riesgos de los proyectos extractivos para el futuro del medio ambiente y de la humanidad.

Cabe recordar que este gobierno ya ha reconocido responsabilidad internacional frente a otros casos ante la Corte Interamericana, pero al discutir cuestiones profundas que chocan con el poder y el discurso hegemónico del desarrollo, pareciera que hay categorías de víctimas y que los pueblos indígenas están en lo más bajo de esta escala. Abordar de forma honesta la agenda de derechos de los pueblos étnicos parece ser un desafío más grande de lo imaginado, que implica dejar de sobreponer los intereses económicos sobre los derechos de un pueblo indígena, entender su cosmovisión, respetar sus saberes, reconocer su rol como protectores de la naturaleza y, sobre todo, aceptar que su supervivencia física y cultural está en riesgo.

El Estado tuvo la oportunidad de hacer justicia, de marcar una diferencia y de pasar del discurso a la acción, pero una vez más ha quedado probado que cuando se abordan los temas de tierras y autodeterminación de los pueblos indígenas la respuesta es la misma, porque ante los intereses económicos no hay derechos que valgan.

Sepa más sobre el caso de la Nación U’wa contra el Estado colombiano en:

www.justiciaparalanacionuwa.com

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*Juliana Bravo Valencia, directora del Programa Amazonia de EarthRights International