Hace un par de semanas EarthRights International ERI y una abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans presentamos una demanda en los Estados Unidos contra Newmont, una de las empresas mineras más grandes del mundo. La demanda se presentó en representación de Máxima Acuña Atalaya y su familia, quienes reclaman que han sufrido ataques físicos y psicológicos por parte de la minera hace más de 6 años. La razón de la demanda es sencilla: las Corporaciones multinacionales no pueden  cometer violaciones de derechos humanos y es necesario exigir su responsabilidad y sanción.

La lucha por la defensa del territorio, la vida y la dignidad ha hecho que la historia de Máxima Acuña y su familia sea conocida en Perú y América Latina, pues sin duda ella se ha convertido en un símbolo de la defensa del territorio que resiste a un modelo extractivista que viola derechos humanos en todo el continente. La demanda alega que, desde agosto de 2011, la familia Chaupe ha enfrentado un patrón de agresiones y hostigamientos por parte de trabajadores y personas conectadas a la empresa minera Newmont Mining Corporation y la Minera Yanacocha, que es una filial indirecta de Newmont en Perú. (Por su filial, Newmont Second Capital, Newmont es el dueño de más de 50% de Minera Yanacocha.).

La fuente de los ataques contra la familia Chaupe es el interes que tienen las mineras sobre el terreno de Máxima, en el que ha vivido junto con su familia por más de 20 años. Sobre este terreno hay un interés particular para el proyecto minero Conga, y con él la explotación de oro más grande de Sur América. Así pues, la familia reclama que ante la negativa de Máxima y su familia de vender su terreno a Minera Yanacocha, estas y sus trabajadores han utilizado la fuerza y han intentado desalojarles incontables veces.

La demanda tiene dos objetivos principales, primero, frenar el hostigamiento y las agresiones contra la familia Chaupe para que evitar violaciones de derechos humanos futuros y, segundo, que la familia sea reparada por el sufrimiento físico y psicológico que ha padecido durante años, así como por el daño a sus cultivos y animales. Ambas cosas, al amparo del derecho a la justicia, y bajo la premisa de que las empresas deben respetar los derechos humanos y los Estados deben fiscalizar y regular su accionar, para proteger y garantizar la vida e integridad de todas las personas.

No es una sorpresa que la minera Yanacocha, Newmont, otras personas e instituciones, nieguen los hechos y las violaciones de derechos humanos que ha sufrido la familia y presenten manifestaciones inadecuadas en su contra y sobre los reclamos y denuncias públicas que realizan. Esa es una manera más de seguir con el hostigamiento y violencia verbal en su contra. Sin embargo, ahora serán los jueces los que van a determinen la veracidad de los hechos y la responsabilidad de la empresa. Es momento de que se haga justicia para Máxima.

Es importante señalar que las propias empresas Yanacocha y Newmont han manifestado públicamente que “la familia Chaupe ha experimentado intentos de desalojo forzado de Tragadero Grande (es decir, en contra de su voluntad)”.

En relación con la reparación solicitada en la demanda, la Corte en los Estados Unidos va a decidir si la familia tiene derecho a recibir la reparación y el monto de la misma. Como práctica jurídica en ese país, los jueces otorgan una reparación a los demandantes si sufrieron daños y si es apropiado de acuerdo al contexto del caso.

La indemnización por violaciones de derechos humanos no debe ser controversial, pues esta, conforme a las normas y estándares internacionales constituye uno de los elementos de la reparación a la que tiene derecho toda persona que sufre una violación a sus derechos. La reparación ha sido un concepto ampliamente desarrollado y reconocido por los principales Tribunales de derechos humanos.

En consideración a la práctica aceptada por las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, y por la práctica de los tribunales locales, la solicitud de una reparación es además de legítima un derecho que se reclama por vía judicial, cualquiera sea el Tribunal.

En este caso, el reclamo es ante una corte doméstica en los Estados Unidos contra una empresa multinacional y ante esta instancia no hay ninguna justificación para obviar el derecho que tiene la familia al pago de una reparación justa e integral. A las empresas también se les debe obligar a pagar reparaciones por los daños y las violaciones de derechos humanos de los que se les encuentre responsables. La familia cree que la demanda presentada en los Estados Unidos es la única oportunidad de la familia para obtener justicia ante las violaciones cometidas por Newmont y Minera Yanacocha, y la posibilidad de generar precedentes sobre la responsabilidad que tienen las empresas de la industria extractiva por actuar de manera arbitraria y violenta contra las campesinas y campesinos de nuestro continente.