La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), organización indígena que defiende los derechos de los pueblos indígenas en la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, libra una batalla legal contra el acoso judicial que busca criminalizar su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIACI).
El Conflicto con Canales Tahuamanu SAC
En 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Estado peruano permitió la reactivación de las actividades de extracción de madera por parte de la empresa Canales Tahuamanu en territorio del pueblo indígena en aislamiento Mashco Piro. FENAMAD alertó al Ministerio de Cultura (MINCUL) y otras autoridades sobre el grave riesgo que estas actividades implicaban para la vida y la integridad de los pueblos en aislamiento. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Ante la urgencia de la situación FENAMAD emitió un comunicado público cumpliendo con su rol de defender los derechos de los pueblos en aislamiento, labor que ha desempeñado por más de dos décadas ante diferentes instancias, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Demanda Legal
Canales Tahuamanu, a través de una demanda de amparo, acusó a FENAMAD de vulnerar su buena reputación e imagen y exigiendo una retractación pública y una declaración en la que la organización se autoincriminara como asesores de taladores ilegales. FENAMAD se negó a cumplir con estas exigencias, presentó las pruebas que respaldaban la veracidad de sus denuncias públicas y negó haber asesorado a taladores ilegales.
En 2021, El Poder Judicial en Madre de Dios falló en favor de la empresa en primera y segunda instancia, ordenando a FENAMAD a publicar la carta incriminatoria y solicitó que “eviten situaciones como esta”, es decir, que se abstenga de realizar futuras denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos.
FENAMAD acudió al Tribunal Constitucional e interpuso un recurso legal contra esta resolución. Ese mismo año, solicitó al Mecanismo de Protección de Defensores medidas de protección debido a la criminalización sufrida, así como un pronunciamiento del MINCUL sobre la presencia del pueblo Mashco Piro en la concesión forestal de la empresa. Sin embargo, el ente rector y garante de los derechos de los pueblos indígenas ha mantenido silencio frente al caso.
En 2022, el Poder Judicial de Madre de Dios ordenó hacer efectiva una multa de 4 URP contra FENAMAD y su presidente por no haber publicado la carta de rectificación requerida por la maderera, y requirió su publicación inmediata.
En 2023, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata-Madre de Dios, abre investigación preliminar en contra de Julio Cusurichi, presidente de FENAMAD, por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. No obstante,tras verificar el cumplimiento de la decisión judicial, la Fiscalía decidió no proceder con la investigación y archivó el caso.
Ante la presión judicial, FENAMAD se vio obligada a publicar la carta exigida por la empresa en sus redes sociales. Sin embargo, Canales Tahuamanu alegó que el cumplimiento fue parcial y solicitó que la rectificación también fuera publicada en diario El Comercio y en América TV, a pesar de que FENAMAD no promovió pronunciamiento alguno en dicho medios. El Juzgado Civil Permanente ordenó a FENAMAD y a Julio Cusurichi realizar las publicaciones y pagar los costos procesales, que ascienden a 8,000 soles más un 5% adicional (400 soles).
La batalla contra el acoso judicial
En 2022, ante la clara violación del derecho a la tutela judicial efectiva y otros derechos por parte del Poder Judicial, que resultó en dos decisiones que no garantizaron el derecho a la libertad de expresión y el derecho fundamental a la no autoincriminación, FENAMAD y EarthRights presentaron una demanda de amparo contra estas sentencias.
En 2023, la demanda fue admitida y expuesta en una audiencia de vista en la Sala Civil de la Corte Superior de Madre de Dios, pero fue declarada infundada. Ante esta situación, FENAMAD y EarthRights decidieron apelar la decisión y llevar el caso a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima.
En 2024, la Sala Constitucional recibió el expediente, está pendiente de fijar fecha de audiencia.
FENAMAD continúa su lucha por visibilizar la negligencia de las instituciones del Estado que, en lugar de salvaguardar los derechos de las organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, han criminalizado su labor poniendo en riesgo sus vidas y integridad.
