Lima, 14 de setiembre.-  Defensores y defensoras indígenas se reunieron esta tarde con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) a fin de presentar el informe acerca del “Funcionamiento de la política pública de protección a defensoras y defensores indígenas criminalizados y amenazados”, documento elaborado a partir de cuatro casos emblemáticos que detallan la situación de ataque legal que sufren estas personas por ejercer de su derecho a defender su territorio.

Durante la reunión, los defensoras y defensores de los pueblos Quechua y Kichwa en Loreto, K ́ana y Chumpi Willkas en Cusco y de la organización indígena Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) informaron al Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas,  sobre la situación de desprotección en la que se encuentran, con la finalidad de buscar de manera conjunta con el Estado medidas de protección adecuadas y efectivas que frenen la criminalización que sufren.

Participaron de la reunión por parte del Ministerio de Justicia, Ángel González, director de la Dirección de Políticas y Gestión de Derechos Humanos y Percy Castillo, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Acompañaron a las y los defensores EarthRights International, Derechos Humanos Sin Fronteras y Perú Equidad, organizaciones que les asesoran legalmente.

Durante la reunión los defensores y defensoras pudieron exponer la situación de criminalización y amedrentamiento que sufren por parte de las empresas extractivas, que operan bajo concesiones estatales y que son apoyadas por el Estado peruano cuando se enfrentan a los reclamos de las organizaciones sociales que ejercen su derecho a defender su territorio de la contaminación.

Además, con la entrega del informe, se destacó que este es un patrón que se repite en todas las zonas del país donde los dirigentes alzan su voz de protesta frente a los compromisos incumplidos por las multinacionales, o denuncian las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por ejemplo, el no reconocimiento de existencia de pueblos en aislamiento como los Mashco Piro, en Madre de Dios.

Se solicitó que, mediante resolución, se les reconozca como defensores de derechos humanos, toda vez que sus actividades van dirigidas a defender la vida, la integridad de sus comunidades por el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación ambiental.

Se analizaron los casos expuestos en el informe y se lograron importantes compromisos por parte del Minjus y Defensoría del Pueblo, así como coincidieron en la importancia de la capacitación de los operadores del sistema de justicia para que incorporen estándares internacionales en materia de protección de defensores.

Puede descargar el informe aquí

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