Mientras la ola de violencia contra las personas defensoras de la tierra y el territorio en Perú se extiende de manera grave debido a los asesinatos y la criminalización contra ellas y ellos – según cifras de la organización Proética, son por lo menos 19 defensores de la tierra y el territorio asesinados desde abril de 2020 hasta la fecha-; el Congreso peruano continúa realizando acciones que atentan contra la vida y la labor de las y los defensores, mientras que el Poder Ejecutivo no toma ninguna decisión ni medida efectiva para su protección.
Dos de las decisiones más graves, se han dado en estos últimos días:
Impulso del paramilitarismo
El 15 de junio de 2022, el Congreso aprobó la Ley N° 31494, Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana; esta norma promueve la conformación de estos Comités de Autodefensa en todo el territorio nacional y la entrega de armas hacia estos, además de permitirles como grupos armados impartir justicia, promover la moral y las buenas costumbres, participar en elecciones, entre otros.
Esta norma eleva el peligro e incentiva la violencia armada en todo el territorio nacional, con énfasis en las zonas donde imperan las economías ilegales que están asesinando a defensores y defensoras indígenas; así como, donde existen conflictos ambientales, por ejemplo, en abril se reportó un caso en Apurímac sobre una empresa minera formal que habría contratado[1] personas para que se hicieran pasar como policías y reprimieran de manera violenta a la población que se manifestaba en las protestas frente a la acción de esta empresa.
Archivo del Acuerdo de Escazú
La última acción grave por parte del Congreso peruano se ha dado este lunes 11 de julio, mediante el archivo, sin debate público alguno, del Acuerdo de Escazú, pese a que el Estado peruano fue uno de los impulsores de este Acuerdo y uno de los primeros en firmarlo. Este archivamiento evidencia la falta de voluntad del Congreso de la República de proteger la labor de las personas defensoras, las cuáles actualmente están exponiendo su vida e integridad frente a las economías ilegales y el cambio climático generado por las empresas extractivas.
Mientras estas y otras iniciativas por parte del Congreso de la República peruano están haciendo retroceder en materia de protección de derechos, lamentablemente desde el Poder Ejecutivo no se evidencian medidas de protección a las personas defensoras de derechos humanos, sobre todo a las y los defensores indígenas quienes están exponiendo su integridad y sus vidas debido a los constantes ataques que están sufriendo.
Desde EarthRights International (ERI) hacemos un llamado al Estado peruano, Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, para que cumplan con su obligación de proteger la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos, quienes están asumiendo un rol fundamental para la protección de la tierra y el territorio, ante la falta de acción del mismo Estado.
[1] https://convoca.pe/agenda-propia/las-bambas-civiles-dicen-ser-contratados-por-minera-y-haber-recibido-accesorios
