27 de noviembre del 2019 – Hoy, organizaciones de derechos humanos expresan seria preocupación respecto a las tensiones continuas en Bolivia y el potencial de más violencia y pérdida de vida humana. El grupo exige una investigación inmediata y exhaustiva de la violencia y posibles abusos ocurridos en los últimos días, incluyendo los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del estado.   

La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Andean Information Network; Latin American Working Group, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, la Washington Office on Latin America, EarthRights International, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, Nelson Camilo Sánchez, el Director de la Clínica de derechos humanos internacionales de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia, y Arturo Carrillo, Director de la Clínica de Derechos Humanos de la facultad de derecho de George Washington, publicaron el siguiente comunicado:

“Estas acusaciones y todos los actos de violencia reportados requieren ser investigados de manera exhaustiva. Exhortamos a una investigación inmediata de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 20 de octubre del 2019 hasta la fecha, y al monitoreo internacional de la situación para restablecer la tranquilidad, apaciguar las tensiones y evitar más violencia.”

“Además, exhortamos al gobierno boliviano interino y a las fuerzas de seguridad a cumplir su obligación de respetar las normas internacionales respecto al uso de fuerza en el contexto de protestas y manifestaciones. Líderes de alto rango, tanto militares como civiles, deben ser responsabilizados por violaciones graves de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, bajo la doctrina de responsabilidad de mando, aún sin haber ordenado directamente las violaciones. El gobierno tiene una obligación de investigar y los oficiales al mando deben ser considerados responsables bajo el derecho internacional si incumplen con sus deberes de investigar, castigar y prevenir violaciones.”

“Asimismo, respecto del Decreto Supremo 4078, el cual fue emitido  por el gobierno interino el 15 de noviembre de 2019, le recordamos al gobierno boliviano y a las fuerzas de seguridad que bajo la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las medidas o políticas nacionales que intenten crear impunidad ante violaciones graves de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y constituyen una violación de sus artículos 1.1, 2, 8 y 25.”

“El Decreto 4078 pretende ofrecer inmunidad a miembros de las fuerzas armadas por toda acción realizada en el curso de ‘particip[ar] en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública’ en el contexto de las protestas actuales. La rama ejecutiva no debe de determinar la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad del estado. Para prevenir fomentar un ambiente de impunidad, exhortamos al gobierno la revocatoria del mismo.”

“Por último, les recordamos a las autoridades bolivianas las obligaciones internacionales que tiene de investigar todas las lesiones y muertes que resulten del uso de fuerza por parte de agentes del estado. La situación en Bolivia requiere que se realice una evaluación especializada, exhaustiva e independiente de todas las violaciones de derechos humanos documentadas.”

“Con este fin, los signatarios exhortan a Bolivia a colaborar con todas las comitivas de monitoreo e investigación internacional, incluyendo las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros expertos de la ONU, así como con los esfuerzos desarrollados por parte de la sociedad civil. Es la expectativa de los signatarios que estas iniciativas ayuden a Bolivia a encaminarse hacia la verdad, la justicia, la reparación, y la no repetición.”

 

Contexto:

Declaraciones de testigos oculares, grabaciones de vídeo y fotos recolectadas en Bolivia por personal de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard durante una misión inicial de investigación en Cochabamba y Sacaba durante los días 15 y 16 de noviembre, así como grabaciones de vídeo y fotos sacadas por civiles en las áreas de Cochabamba, Sacaba, Senkata y la Zona Sur de la Paz, demuestran que:

• Existe evidencia fiable de que las fuerzas de seguridad del estado han disparado armas de fuego con municiones letales en contra de manifestantes civiles en varias partes del país. 
• En el área de Cochabamba, los manifestantes han reportado miedo de ir al hospital por temor a que el gobierno actual tome represalias en contra de quienes estuvieron en, o alrededor de, las áreas donde los militares estaban disparando a los civiles. Este miedo pudo haber agravado el subregistro de muertos y heridos.
• En el área de la Zona Sur de La Paz, existe evidencia fiable de que las fuerzas de seguridad del estado, actuando en conjunto con personas civiles, han sacado a civiles de sus casas a la fuerza y les han golpeado.
• Existen múltiples reportes de que las fuerzas del estado han usado lenguaje racista y anti-indígena durante sus interacciones con miembros de la población civil.
• Las comunidades afectadas por la violencia militar han expresado gran preocupación por la ausencia de periodistas que documenten las acciones de los militares y sus secuelas. Varios entrevistados aseguraron que los asesinatos en sus comunidades no se han reportado completamente en los medios. Esto es preocupante, en particular, considerando las amenazas contra periodistas que registró el Defensor del Pueblo de Bolivia, y las recientes declaraciones de la Ministra de Comunicación, amenazando con castigar a los medios que alienten la “sedición.”

En un video hay evidencia de la movilización de fuerzas de seguridad del estado hacia  diferentes partes del país, entre ellas La Paz (incluyendo áreas de El Alto y la Zona Sur) y Cochabamba. Grupos de derechos humanos han recibido reportes de asesinatos, golpizas y heridas de bala en diferentes áreas del país como: comunidades predominantemente indígenas y Aymaras en el departamento de La Paz, incluyendo la ciudad de El Alto, Río Abajo y las comunidades de Chasquipampa, Ovejuyo, Apaña, y Rosales en la Zona Sur de la ciudad de La Paz; la región de las Yungas; y el departamento de Cochabamba.

 

 

Foto de portada: Andean Information Network