Este documento se ha elaborado con el propósito de impulsar el reconocimiento de la criminalización de defensores que ejercen sus labora frente a empresas extractivas formales, de promover la implementación de una política de protección efectiva de las y los defensores indígenas criminalizados con medidas colectivas adecuadas para los pueblos indígenas, así también de plantear recomendaciones para que las entidades estatales responsables cumplan de manera adecuada con su obligación de proteger la labor de defensa de las y los defensores indígenas.

Desde la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD, la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios – PUINAMUDT y desde las organizaciones que acompañamos a personas y organizaciones defensoras de derecho humanos, EarthRights International, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y Perú Equidad, a partir de cuatro casos emblemáticos de criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos:

1. Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD (Madre de Dios); la organización y su presidente vienen siendo víctimas de intimidación judicial y criminalización debido a que denunciaron a la empresa Maderera Canales Tahuamanu S. A. C. la que, a través de permisos otorgados por el Estado peruano, estaba trabajando en plena pandemia en territorio del pueblo indígena en aislamiento Mashco Piro, poniendo en riesgo así la vida de este pueblo. La empresa utilizó el derecho constitucional (proceso de amparo) y el Poder Judicial obligó a FENAMAD a cesar con su labor de organización defensora y la conminó a auto incriminarse como asesora de taladores ilegales.
2. Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador – OPIKAFPE y Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP (Loreto); defensores indígenas que hace más de catorce años fueron incriminados en una serie de delitos debido a una protesta que realizaron diversas comunidades contra la empresa petrolera Pluspetrol. Fueron denunciados y detenidos por la policía. A la fecha, el proceso judicial continúa, y la Fiscalía los ha acusado de perpetrar los delitos de secuestro, extorsión entre otros, con penas de hasta 31 años.
3. V.M.M., defensor indígena y comunicador perteneciente al pueblo K’ana (Cusco), debido a su constante actividad de difusión de las protestas de la población ante la contaminación generada por la actividad minera de Antapaccay, de la empresa Glencore y ante el incumplimiento de acuerdos de esta, es víctima de intimidación judicial/criminalización a través de diversas investigaciones fiscales. Adicionalmente, en mayo de 2022 se hizo público un informe del Ministerio del Interior de octubre de 2021, mediante el cual se conoció cómo realizaban seguimientos a este defensor y en el que lo califican de “azuzador”.
4. Defensores pertenecientes al pueblo Chumpi Willkas (Cusco), debido al ejercicio a su derecho a la protesta contra la contaminación generada por la empresa minera ANABI S.A.C. (diciembre de 2011 y febrero de 2012), fueron acusadas por esta empresa minera y por el Estado peruano por los delitos de secuestro, violación de domicilio, robo agravado, daño agravado, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, contra la tranquilidad pública. En enero de 2020, el Poder Judicial los absolvió. Las empresas y el Estado peruano apelaron. En segunda instancia, se declaró infundada esta apelación. El Ministerio Público presentó un recurso de casación. A la fecha no hay sentencia.

En cada uno de estos casos, las personas indígenas o las mismas organizaciones indígenas (como es el caso de FENAMAD) son víctimas de criminalización o intimidación judicial, por parte del sistema de justicia peruano, por el hecho de defender sus derechos frente a actividades extractivas formales (empresas de extracción de madera, empresas petroleras o mineras) las que contaminan sus territorios, afectan sus derechos o los derechos de otros pueblos indígenas. Además, en tres de esos casos, la empresa o sus trabajadores han denunciado o demandando directamente a las y los defensores indígenas.