La decisión anula una sentencia de un tribunal de primera instancia  y restablece las reclamaciones contra Chiquita en un juicio histórico sobre el rol de la empresa en la financiación de los grupos paramilitares en Colombia. 

7 de septiembre de 2022, Atlanta, Estados Unidos. Ayer, el Tribunal de Apelaciones del Circuito No. 11 dictaminó que varias familias que demandan a Chiquita Brands International por su papel en la financiación de grupos paramilitares en Colombia pueden proceder hacia  un juicio ante un jurado. 

El tribunal  revocó una decisión de un fallo sumario dictado en septiembre del 2019 por un juez federal en Florida, quien había dictaminado que las víctimas carecían de pruebas admisibles que demostraran que sus familiares habían sido asesinados por los paramilitares. En esta instancia, el tribunal del Circuito 11º encontró pruebas sustanciales sobre  la participación de los paramilitares en los asesinatos ocurridos en la región.  

En 2007, EarthRights International presentó una demanda en representación de  las familias de cientos de víctimas asesinadas, torturadas y violentadas de múltiples formas  por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar que Chiquita admitió haber financiado ilegalmente.

El Director Jurídico General de EarthRights, Marco Simons, emitió la siguiente declaración: 

“La orden de hoy fue un hito en esta demanda histórica. Las familias han estado esperando durante años esta decisión por parte de los tribunales a pesar de los agotadores esfuerzos de Chiquita para desestimar el caso. Ahora que el tribunal de apelación ha restituido el caso, las familias quedan  a la espera de un juicio ante un jurado”. 

“Chiquita ha admitido hace tiempo que financió ilegalmente a las AUC. Este fallo da por fin a nuestros representados  la oportunidad de demostrar al tribunal, y al mundo, lo que todos en Colombia ya saben: que las AUC utilizaron el apoyo de Chiquita para cometer brutales atrocidades contra la población civil en las regiones bananeras de Colombia. Hay pruebas abrumadoras de que las AUC asesinaron a miles de colombianos y colombianas, incluidos los familiares de las personas que representamos en este proceso  en Estados Unidos.

“Muchas de estas pruebas se han desarrollado durante más de una década a través del proceso de Justicia y Paz en Colombia. El tribunal de primera instancia rechazó las pruebas de ese proceso, y nos alivia saber que el tribunal de apelación ha considerado adecuadamente los resultados del propio sistema de justicia de Colombia y ha revocado la decisión errónea del tribunal de primera instancia”.

“Tal vez el aspecto más significativo de esta sentencia es la aceptación de la admisión de pruebas circunstanciales y testimonios de expertos para demostrar que los asesinatos se produjeron en momentos y lugares en los que las AUC tenían el control, y que se hicieron acorde con sus métodos, es decir, que dichos asesinatos fueron, indiscutiblemente cometidos por ellos. Esa conclusión se aplicará a cientos, o incluso miles, de las víctimas de este caso”.

Agnieszka Fryszman, La abogada de los demandantes en Cohen Milstein añadió:

“Estamos muy satisfechos de que El Tribunal de Apelaciones del Circuito No. 11 haya evaluado detenidamente el enfoque del tribunal del distrito en relación con las pruebas de los demandantes -en sus 104 páginas- y de que haya revocado unánimemente la decisión del tribunal inferior de dictar una sentencia sumaria. Este es un caso muy importante para lograr una mayor responsabilidad corporativa. Chiquita ya ha admitido que pagó más de un millón de dólares a las AUC, grupo paramilitar designado como organización terrorista extranjera por los Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones del Circuito No. 11 ha considerado ahora que los demandantes presentaron suficientes pruebas admisibles para demostrar que las AUC mataron a sus familiares. Después de años de exponer estas cuestiones, estamos deseando presentar nuestras pruebas ante un jurado y buscar justicia para nuestros clientes.”

Antecedentes:

Durante casi una década, en los años 90 y principios de los 2000, la empresa Chiquita Brands International realizó pagos regulares a las AUC, por un total de más de 1,7 millones de dólares. A su vez, las AUC lideraron y participaron en una ola de violencia contra las comunidades de las región  bananera de Colombia, incluyendo las organizaciones sindicales, los oponentes políticos, los defensores y defensoras de derechos humanos, y líderes y lideresas indígenas. En 2001, el gobierno de los Estados Unidos clasificó a las AUC como una organización terrorista. Chiquita se declaró culpable de un delito federal por financiar a las AUC y pagó una multa de 25 millones de dólares al gobierno estadounidense, pero aún no ha indemnizado a las familias de las víctimas de este grupo paramilitar. 

Miles de víctimas, representadas por varios grupos de abogados y abogadas, han presentado demandas contra Chiquita en tribunales federales de todo el país; esas demandas se consolidaron y se están juzgando en el tribunal federal de primera instancia al sur de Florida, en West Palm Beach. Los casos de una docena de asesinatos fueron seleccionados como casos “pilotos” para que procedieran como ejemplos. El tribunal de primera instancia dictaminó en septiembre del 2019 que estos casos “pilotos” no podían proceder a juicio porque los demandantes no habían presentado pruebas suficientes de que sus familiares habían sido asesinados por las AUC.

Estos casos emblemáticos incluyen a dos representados  de EarthRights, conocidos por los seudónimos John Doe 7 y Jane Doe 7. El hijo de John Doe 7 fue asesinado por miembros de las AUC, y el comandante paramilitar local lo admitió ante el propio John Doe 7. El marido de Jane Doe 7, un activista laboral, también fue asesinado por las AUC; su asesinato se enmarca dentro del patrón de  las AUC de actuar de manera violenta contra los líderes sindicales. El tribunal de apelación consideró que ambos demandantes habían presentado pruebas suficientes sobre esta cuestión para proceder al juicio.

Entre los co-asesores de EarthRights se encuentran Paul L. Hoffman de Schonbrun Seplow Harris Hoffman & Zeldes LLP, quien argumentó la apelación; Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC; la abogada Judith Brown Chomsky, y los abogados Anthony DiCaprio y Arturo Carrillo.

Desde EarthRights, celebramos esta victoria en la larga búsqueda de justicia por parte las familias de las víctimas de estos hechos tan graves y dolorosos, y reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando y acompañando el juicio, hasta que se haga justicia.