SANTIAGO, Chile – Representantes gubernamentales, de la sociedad civil y líderes indígenas se reunieron en Santiago de Chile del 22 al 24 de abril para la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos medioambientales, dio la bienvenida a Granada como su miembro más reciente, elevando el total a 16 países partes y 24 signatarios. Esta ampliación marca un paso importante para reforzar la protección del medio ambiente en toda la región.
Durante la conferencia, varias partes presentaron sus planes nacionales de implementación. En la anterior COP las partes seleccionaron a miembros para el comité encargado de apoyar la aplicación y el cumplimiento del acuerdo, el cual empezó su trabajo en esta COP 3. El comité adopto sus mecanismos de trabajo entre los cuales se destaca un mecanismo de respuesta rápida para salvaguardar a las y los defensores de derechos medioambientales expuestos a amenazas o intimidaciones.
El eje central de la conferencia fue la adopción de un plan de acción para apoyar la aplicación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que hace hincapié en el reconocimiento y la protección de las y los defensores medioambientales. La adopción de este plan subraya la urgente necesidad de abordar las alarmantes amenazas a las que se enfrentan defensores medioambientales en América Latina, donde se produjeron el 88% de estos asesinatos en el año 2022.
Natalia Gómez Peña, Asesora de Políticas sobre Cambio Climático de EarthRights International, destacó la naturaleza transformadora del Acuerdo de Escazú, afirmando: “El Acuerdo de Escazú rompió el paradigma respecto a la forma en que se negocian los tratados internacionales, dándole voz directamente al público en la mesa de negociaciones”.
Gómez Peña destacó la importancia del plan de acción contribuyendo a construir las capacidades necesarias para que las partes puedan cumplir con sus obligaciones y garantizar que el acuerdo aporte beneficios tangibles a las comunidades de toda América Latina y el Caribe.
Sin embargo, para la sociedad civil persiste la preocupación por cuanto el plan no establece claramente los responsables y los mecanismos de implementación de cada actividad dentro del plan de acción. Representantes indígenas esperaban un mecanismo específico para abordar la violencia contra los pueblos indígenas, pero el lenguaje del plan sigue siendo amplio y hace hincapié en una participación pública significativa.
Además, varios gobiernos que representan a los países con los mayores niveles registrados de violencia contra defensores de los derechos medioambientales, como Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, han firmado el tratado pero aún no lo han ratificado. En 2025, Brasil acogerá las negociaciones mundiales sobre el cambio climático durante la COP30, momento en el que se espera que se preste gran atención al importante papel de los pueblos indígenas y otros defensores del medio ambiente en la conservación de la selva amazónica.
El respaldo de los gobiernos y de la sociedad civil al Acuerdo de Escazú subraya su papel crucial para la unidad de América Latina en la protección de las y los defensores medioambientales. La adopción del plan de acción significa un paso crítico hacia la realización de los objetivos del acuerdo y la salvaguarda de defensores medioambientales en toda la región.
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