Ayer, 10 de abril, el secretario general del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotambambas –Víctor Limaypuma Ccoricasa– presentó una demanda de amparo, en Apurímac, contra el convenio celebrado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y Minera Las Bambas S.A. A través de esta acción legal –con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, EarthRights International, la Asociación Pro Derechos Humanos y CooperAcción– se exige que se deje sin efecto el convenio de servicios policiales extraordinarios suscrito entre la PNP y la empresa minera.
El convenio fue firmado el 26 de octubre de 2017, con autorización del exministro del Interior Carlos Basombrío. En él, la PNP se obliga a prestar servicios de seguridad a la empresa minera –para la protección de sus instalaciones, bienes y personal–, a cambio de pagos mensuales para los efectivos en la zona y la institución policial. Consideramos que este convenio –al igual que los más de 138 que se han suscrito en el país– es violatoria de los derechos humanos y quiebra los principios del Estado democrático de Derecho.
Los convenios pervierten la función policial, pues la comercializan y privatizan a favor de las empresas extractivas y en perjuicio de la población, a la cual, en contextos de conflictividad social, se criminaliza.
En ese sentido, la demanda busca que se inapliquen las normas que permiten la celebración de convenios: la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley de la PNP (Decreto Legislativo N° 1267) y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN.
El dirigente, al igual que otros líderes sociales de la provincia de Cotabambas, viene siendo objeto de criminalización por su participación en la defensa del territorio y el medio ambiente. La presencia policial en zonas de conflictos socioambientales, en particular cuando existen convenios, debe ser abordada y resuelta en el marco del diálogo propuesto por el Gobierno nacional.
