La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior –mediante un escrito judicial– ha insistido en defender la constitucionalidad del convenio suscrito por la Policía Nacional y la empresa Minera Las Bambas S.A. Los convenios de servicios policiales extraordinarios, como los denomina el Decreto Legislativo N.º 1267, obligan a la institución policial a prestar servicios de seguridad a cambio de un pago a las empresas que lo soliciten.

La Procuraduría señaló que “dicha actividad policial cuenta con un marco legal vigente que permite al personal policial, en forma voluntaria, brindar servicios de protección y seguridad en una jornada complementaria a su función policial”. En ese sentido, rechaza que se violen los derechos fundamentales a la seguridad ciudadana o a la igualdad.

Esta respuesta se da en el marco de un proceso constitucional pendiente contra el referido convenio, por una demanda de amparo interpuesta por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas el 11 de abril de 2019. Este fue suscrito el 26 de octubre de 2017, con autorización del exministro Carlos Basombrío.

En la demanda se exige que el convenio suscrito entre la PNP y Las Bambas sea anulado. Consideramos que este convenio –como los más de 138 que existen en el país– viola los derechos humanos y quiebra los principios del Estado democrático de Derecho. Los demandantes cuentan con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, EarthRights International, la Asociación Pro Derechos Humanos y CooperAcción.

 

 

Contacto:
Piero Meza
Coordinador de Comunicaciones
+51 941 471 960
piero@earthrights.org