Después de que Chiquita admitió financiar ilegalmente grupos terroristas colombianos, familiares de las víctimas solicitan al alto tribunal que admita una demanda por crímenes de lesa humanidaDespués de que Chiquita admitió financiar ilegalmente grupos terroristas colombianos, familiares de las víctimas solicitan al alto tribunal que admita una demanda por crímenes de lesa humanidad
Enero 7, 2015, Washington, D.C. — John Doe 9 (seudónimo utilizado para mantener a salvo su familia) era un buen trabajador en las plantaciones bananeras de Colombia, cabeza de familia y líder sindical. En 1997, fue torturado, decapitado y desmembrado por el grupo terrorista paramilitar conocido como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Ahora, su viuda y cientos de otras familias con historias similares están buscando justicia contra el gigante bananero Chiquita, que admitió la financiación ilegal a AUC durante años.
EarthRights International (ERI) y su co-abogado presentó una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos en nombre de estas familias, instando a la Corte a considerar el caso en contra de Chiquita por el financiamiento de paramilitares en Colombia. La Corte del 11avo Circuito de Apelaciones dictaminó que, a pesar de que Chiquita es una compañía estadounidense que tomo las decisiones para financiar a los paramilitares en los EE.UU., en violación de derecho penal, las reclamaciones de las víctimas en virtud del Estatuto Alien Tort (ATS) carecían de una conexión suficiente en los EE.UU. para ser oídas en los tribunales. La petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos busca revertir esa decisión.
Desde 1997-2004, la AUC utilizo el apoyo financiero de Chiquita para sembrar terror en la región bananera de Urabá, Colombia, donde mataron miles de pobladores, líderes sindicales, y organizadores comunitarios, que eran sospechosos de favorecer guerrillas izquierdistas o de crear problemas a los dueños en las plantaciones. Chiquita admitió haber pagado a los paramilitares y en el 2007 se declaró culpable de cargos penales federales al proveer apoyo material al grupo terrorista. Aunque Chiquita pagó una multa al Departamento de Justicia, los familiares de las numerosas víctimas todavía no han visto justicia.
Buscando justicia por parte de Chiquita en los tribunales de origen de la empresa, las familias presentaron una demanda colectiva alegando que, con el fin de mantener su control rentable de las regiones productoras de plátano, Chiquita instigo los paramilitares a la comisión de numerosos abusos contra derechos humanos, entre ellos asesinato y tortura.
“Parece bastante sencillo que cuando un ciudadano de Estados Unidos – un ser humano o una corporación – financia terrorismo, las víctimas de la violencia terrorista deberían ser capaces de probar su caso en tribunales estadounidenses”, dijo Marco Simons, director legal de ERI y uno, de los varios abogados, de los demandantes colombianos. “Sobre todo ahora, cuando las autoridades locales ya no tienen el poder de mantener a Chiquita responsable porque la empresa ha vendido todos sus intereses y activos en Colombia. ¿Dónde pueden ir las víctimas para demandar justicia? ”
Los demandantes están representados ante el Tribunal Supremo por el abogado veterano de derechos humanos Paul Hoffman, quien también argumentó el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, en 2013, en el que el Tribunal Supremo añadió un nuevo requisito, que los casos ATS deben tener una conexión suficiente con los Estados Unidos . “El caso de Chiquita se ajusta claramente a la prueba que se figuró en Kiobel“, dijo Hoffman. “Tenemos una corporación estadounidense que toma decisiones de los Estados Unidos para financiar terrorismo en violación de las leyes estadounidenses, y nuestra nación tiene un fuerte interés en abordar este tipo de conducta.”
El caso ante el Tribunal Supremo es Cardona v. Chiquita Brands Internacional, Inc., que incluye la demanda colectiva Doe v. Chiquita Brands International, presentada originalmente en el año 2007 con varios otros casos de Chiquita, y coordinado como No. 08-MD-01916 en el Distrito Sur de Florida. Consejo adicional para los demandantes incluyen Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC, Judith de Brown Chomsky, Arturo Carrillo, y John DeLeon. Información adicional está disponible en www.earthrights.org.
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