Washington D.C., 6 de diciembre, 2019. – Cuatro organizaciones de derechos humanos, el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente, junto a la ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron hoy un escrito jurídico ante el tribunal chileno que está juzgando al líder y activista ambiental indígena Alberto Curamil. El líder indígena, quien recibió este año el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo en defensa de las tierras indígenas y la conservación del agua, se encuentra en prisión preventiva hace más de un año. Su defensa legal afirma que el proceso penal busca frenar su activismo. Actualmente, Curamil enfrenta el juicio penal en su contra en Temuco, Chile.
El Centro para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), EarthRights International, el Goldman Environmental Foundation, John Knox (ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente) y Dinah Shelton (Profesora Emeritus de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y ex Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), colaboraron en la redacción del amicus curiae, que analiza las facultades que tiene el Poder Judicial para prevenir la criminalización de defensoras y defensores ambientales. El escrito, presentado hoy ante el tribunal de Temuco, también se refiere a la necesidad de promover garantías para defensoras y defensores ambientales a fin de que puedan llevar a cabo su trabajo en defensa del ambiente de manera libre y sin persecución.
Los autores y autoras del amicus llaman la atención sobre el patrón existente en la región de manipulación y abuso del proceso penal para perseguir a defensoras y defensores del ambiente en represalia por su trabajo, en particular la utilización de la prisión preventiva como mecanismo para amedrentar y silenciar a defensoras y defensores ambientales. Los y las autores también citan el derecho internacional de los derechos humanos, y la jurisprudencia existente, sobre la obligación reforzada y específica del Estado en este tipo de casos. Además, insisten en que para cumplir con las obligaciones internacionales que Chile ha suscrito, el Poder Judicial debe emplear los más altos niveles de escrutinio para evitar criminalización de defensoras y defensores del ambiente y prevenir violaciones de derechos humanos mediante la manipulación del proceso penal.
“El abuso del proceso penal como represalia en contra de defensoras y defensores ambientales no solamente afecta a los activistas procesados, también erosiona la democracia y deslegitima al Poder Judicial,” dice la activista de derechos humanos y ambiente y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Romina Picolotti. “En tiempos donde necesitamos restaurar y proteger a los ecosistemas de la Tierra, necesitamos más que nunca crear las condiciones para que las defensoras y defensores ambientales realicen su trabajo de manera segura. Las personas que defendemos el ambiente enfrentamos grandes intereses con la capacidad de manipular el proceso penal, el rol del Poder Judicial es clave. El trabajo de defensores ambientales no solamente beneficia a sus comunidades, sino que tiene un impacto planetario. El caso de Alberto Curamil es altamente preocupante. Es un reconocido líder indígena y activista ambiental que ha sido encarcelado por más de un año en un proceso jurídico que manifiesta un claro patrón de criminalización.”
Maria Noel Leoni, Directora del Programa de Cono Sur y Bolivia para CEJIL declaró, “Es imperativo que el Poder Judicial cumpla con las recomendaciones presentadas en el amicus curiae. Chile tiene una deuda pendiente con la comunidad Mapuche, manifestada en numerosos casos de criminalización. En el caso de Curamil, es extremadamente importante que el Poder Judicial opere con el más alto nivel de cumplimiento con el derecho internacional respecto a defensoras y defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas.”
“Los defensores y defensoras del territorio y del medio ambiente deberían poder proteger sus comunidades y nuestro planeta sin el riesgo de ser criminalizados o acosados,” dijo la Directora del Programa de la Amazonía de EarthRights International. “Instamos al sistema judicial chileno a que haga justicia con Alberto Curamil y que no lo criminalice a él ni a ningún otro defensor o defensora de los derechos de la tierra.”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basada en Washington D.C., recientemente realizó una audiencia general regional, alarmada por los crecientes casos de ambientalistas que están sufriendo persecución penal, siendo amedrentados por sus gobiernos y por actores no-estatales con el fin de frenar su activismo y su labor por proteger el derecho a un ambiente sano. En un comunicado de prensa, la Comisión advirtió:
“La CIDH alerta sobre los altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región, ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como intensos procesos de criminalización que continúan registrándose en la región. Estos hechos mantienen a la región americana como la más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos. Particularmente, preocupa a la Comisión la información recibida sobre la utilización arbitraria del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos como método para obstaculizar o paralizar las causas de defensa de derechos humanos en la región, en particular contra las personas defensoras del derecho al medio ambiente.”
Par más información sobre la Audiencia General de la Comisión sobre Defensores, ver:
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