Demanda que alega la complicidad de Chiquita en el financiamiento y dotación de grupos terroristas paramilitares colombianos continuará bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura y la ley colombiana.
24 de julio 2014, West Palm Beach, Fla. — Las pretensiones de derechos humanos bajo el Alien Tort Statute (ATS por sus siglas en ingles) presentadas por los colombianos que demandaron a Chiquita Brands International, por su complicidad en las atrocidades cometidas por grupos paramilitares, no serán consideradas por un tribunal federal, según un fallo proferido la semana pasada por la Corte de Apelaciones de EE.UU. del circuito undécimo. Sin embargo, las víctimas creen que el caso avanzará, , ya que la decisión no afecta sus reclamaciones adicionales por daños y perjuicios bajo la ley colombiana o estatal, o sus demandas individuales contra los ejecutivos de Chiquita en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura. Las víctimas también confían en que la decisión de hoy se revertirá en una apelación ante una instancia adicional.
Chiquita ha admitido el pago a los paramilitares entre 1997-2004 y se declaró culpable de cargos penales federales sobre la provisión de apoyo material a un grupo terrorista. En el 2007, las víctimas presentaron una acción de grupo alegando que, con el fin de mantener control de las regiones productoras de banano, Chiquita incitó a los paramilitares en la comisión de numerosos abusos contra los derechos humanos. Los documentos obtenidos en virtud de la FOIA (Ley de Protección de Víctimas de la Tortura) y dados a conocer por el Archivo de Seguridad Nacional en 2011 demuestran que Chiquita pagó con conocimiento a los paramilitares para que le proporcionaran servicios de seguridad en sus operaciones, y luego maquilló estas transacciones. Además de los pagos, que han sido confesados, Chiquita es acusado de haber ayudado a los paramilitares a embarcar drogas hacia el exterior y meter armas al país ilegalmente, al darle a los grupos armados acceso gratuito a su puerto privado en Turbo, en la costa caribeña de Colombia.
El fallo, cuyo ponente fue el juez David Sentelle, un juez visitante del Circuito de Washington DC, se refiere a las reclamaciones de los demandantes bajo el ATS, una ley federal estadounidense que incorpora los estándares internacionales de derechos humanos. En Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, la Corte Suprema de los EE.UU. sostuvo recientemente que el ATS no se aplica a las reclamaciones que sólo tienen una conexión débil con los Estados Unidos. La decisión del juez Sentelle va más allá, sosteniendo que el ATS no incluye casos el los que los abusos de derechos humanos ocurrieron en el extranjero, incluso cuando existen conexiones muy fuertes con los Estados Unidos. Sin embargo, esta conclusión contradice la decisión de Kiobel de la Corte Suprema, en que sólo dos de los nueve jueces apoyaron la opinión de que el ATS se aplica sólo cuando el abuso ocurre en este país.
“La decisión del tribunal malinterpreta Kiobel y la historia de la ley, así que estamos seguros de que será revocada por el Circuito Undécimo en pleno”, dijo Richard L. Herz, Coordinador de Litigios de Earth Rights International (ERI), co-abogado de los demandantes. La Juez Beverly Martin escribió en su salvamento de voto: “Al no cumplir con el ATS bajo estas circunstancias, me temo que desarmemos a inocentes contra las corporaciones estadounidenses que participan en violaciones de derechos humanos en el extranjero. Mi entendimiento del ATS es que fue diseñado deliberadamente para evitar ese lamentable resultado.”
Entre los demandantes perjudicados por la decisión de la semana pasada se encuentran las familias de miles de activistas comunitarios, líderes sindicales, activistas sociales y trabajadores bananeros que fueron asesinados en la campaña de aterrorizar a la población civil por parte de los paramilitares.
“Estamos decepcionados de que el tribunal considerara que Chiquita puede eludir sus responsabilidades bajo el ATS por su decisión ilegal de financiar brutales escuadrones de la muerte “, dijo Paul Hoffman, quien expuso el caso ante la Corte de Apelaciones. “Cuando un compañía Estadounidense le da dinero a asesinos que nuestro gobierno ha designado como una organización terrorista, en violación de la ley penal EE.UU., y luego se lleva sus activos del país extranjero donde los terroristas operan, claramente se trata de un asunto de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de conexión más fuerte con los EE.UU. podría usted posiblemente necesitar? ”
“Los demandantes han esperado por la justicia por más de una década. Si bien esto es un retroceso, las víctimas aún tendrán la capacidad hacer responsable a Chiquita bajo legislación colombiana y estatal. Nosotros esperamos que llegue el día, en algún momento cercano, cuando las victimas finalmente tendrán sus demandas escuchadas por un jurado “, añadió Agnieszka Fryszman de Cohen Milstein Sellers & Toll, quien también es abogada de los demandantes.
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