La histórica presentación de comunidades y organizaciones indígenas de todo el continente americano pide a la Corte que establezca normas jurídicas para que los Estados aborden la crisis climática y protejan sus derechos. 

19 de diciembre de 2023, San José, Costa Rica-Esta semana, EarthRights International y 25 comunidades y organizaciones indígenas y tribales de América del Norte, Central y del Sur presentaron un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos instándola a establecer estándares para proteger los derechos de los pueblos indígenas frente al cambio climático. El escrito se presentó en respuesta a una solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia y la República de Chile el 9 de enero sobre el alcance de las obligaciones del Estado para responder a la crisis climática a través de un enfoque de derechos humanos. Esta es la primera vez que la Corte Interamericana establecerá precedentes para que los países de la región aborden la crisis climática. El amicus presenta testimonios directos de comunidades indígenas y tribales sobre los daños ocasionados por el cambio climático.

Desde las megatormentas hasta el aumento del nivel del mar, pasando por los incendios forestales, la contaminación, la desertificación, etc., las consecuencias del cambio climático perturban la vida y los medios de subsistencia de millones de personas en todo el mundo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas ha advertido en repetidas ocasiones que disponemos de un estrecho margen para evitar la catástrofe climática. Las comunidades indígenas, que conservan sus territorios y son las que menos contribuyen a la crisis climática, son las que más sufren sus efectos. Los cambios en los ecosistemas provocados por la crisis climática socavan los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y la autodeterminación cultural, dificultándoles el mantenimiento de sus medios de subsistencia y formas de vida tradicionales.

“Este amicus presenta testimonios de comunidades indígenas y tribales que demuestran que el cambio climático amenaza su propia supervivencia”, ha declarado Juliana Bravo Valencia, directora de la Oficina de EarthRights en la Amazonía. “Al presentar este amicus, pedimos a la Corte que indique a los Estados que tomen las medidas necesarias para minimizar los impactos del cambio climático en las comunidades vulnerables, en particular los pueblos indígenas y tribales. También pedimos a la Corte que reafirme que los Estados deben adoptar un enfoque de derechos humanos en la transición hacia energías limpias y evitar que fuentes de energía como los minerales verdes impongan los mismos daños que los combustibles fósiles.”

La región amazónica es uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Abarca unos 6,7 millones de kilómetros cuadrados, produce el mayor caudal fluvial de la Tierra, alberga miles de especies, proporciona flora que sirve de alimento y medicina, y absorbe aproximadamente 200.000 millones de toneladas de carbono al año. En la zona viven unas 350 comunidades indígenas, y más de 60 de ellas están aisladas, con un contacto mínimo o nulo con el mundo exterior. Sin embargo, la deforestación impulsada por el desarrollo extractivo -minería, madera, extracción de petróleo y agroindustria- amenaza estos recursos esenciales y a quienes viven en ellos, socavando sus derechos al agua potable, a la salud y a la seguridad alimentaria.

La Nación Wampis, una comunidad cuyo territorio se encuentra en el norte de la Amazonia peruana, conoce muy bien estas amenazas. Desde octubre de 2020, la Nación Wampis ha denunciado la presencia ilegal de madereros en sus tierras. El repunte de la tala ilegal ha provocado un aumento de la deforestación y de las amenazas contra los defensores indígenas que se oponen a estas actividades. La Nación Wampis también ha hecho un llamamiento al gobierno de Perú sobre los impactos de la explotación de combustibles fósiles en su territorio. Desde 2016, una serie de vertidos de petróleo frente a la costa de Perú han envenenado los suministros de agua de las comunidades locales, pero ni el gobierno ni Petroperú, la empresa responsable del vertido, han abordado eficazmente los daños.

“La Nación Wampis, basándonos en nuestra visión del buen vivir (Tarimat Pujut), tal y como vivían nuestros antepasados, está luchando para proteger nuestro territorio de la contaminación causada por las actividades petroleras, la deforestación y la minería ilegal“, ha declarado Galois Flores, Pamuk AYATKE Territorial del Gobierno Autónomo de la Nación Wampis. “Por esta razón, queremos que los Estados y todas las personas nos ayuden a defender y conservar nuestro territorio y nuestros bosques. Defendemos y protegemos la biodiversidad en beneficio de todos los pueblos del mundo porque de nuestros ancestros aprendimos a proteger y defender la vida. En las COP de Cambio Climático siempre se dice que se reconoce el trabajo de los pueblos indígenas, pero por el contrario, las grandes empresas siguen contaminando nuestros territorios. Los fondos para el clima siguen concentrándose en las ciudades, pero no llegan a los territorios de los pueblos indígenas“.

Las comunidades indígenas de Estados Unidos, donde el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la extracción de combustibles fósiles en tierras del Estado, también han pedido ayuda a los Estados Federales para hacer frente a las consecuencias del desarrollo imprudente de los combustibles fósiles. Las comunidades indígenas de Estados Unidos y Canadá han pedido reiteradamente a esos gobiernos que se opongan y clausuren el oleoducto de la Línea 5, que atraviesa el territorio de los pueblos Anishinabe y transporta petróleo crudo y gas metano. La Línea 5 funciona más de 20 años después de su fecha de caducidad prevista y amenaza los derechos humanos de las comunidades cuyas tierras atraviesa. Un derrame de la Línea 5 podría tener consecuencias catastróficas para los recursos naturales de los que dependen estas comunidades, mientras que su funcionamiento aumenta las emisiones de gas y agrava los efectos del cambio climático.

En Estados Unidos, el aumento del nivel del mar causado por un clima cambiante impulsado por el desarrollo extractivo también socava los derechos humanos de las comunidades indígenas y tribales al desplazarlas de sus hogares ancestrales. El aumento de las temperaturas, el deshielo de las aguas de la costa de Alaska y las tormentas costeras dañan las infraestructuras y provocan la pérdida de tierras de las que dependen las comunidades para su sustento. La aldea nativa de Kivalina, situada a 160 km al norte del Círculo Polar Ártico en Alaska, se encuentra en una isla cuya masa terrestre se ha reducido aproximadamente un 50% en los últimos 50 años. Un estudio realizado en 2003 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica mostró que la isla tenía 27 acres de espacio habitable, frente a los 55 acres de 1953. En el delta del Yukón-Kuskokwim, los habitantes de los pueblos nativos de Nunapitchuk y Netok denuncian amenazas similares debido al deshielo del permafrost.

Las comunidades indígenas de Luisiana también se enfrentan al desplazamiento. La costa de Luisiana está perdiendo terreno debido al cambio climático más rápidamente que cualquier otra región de EE.UU. Cada 100 minutos, el estado experimenta una pérdida de terreno aproximadamente equivalente a la de un campo de fútbol. Desde 1932, ha desaparecido aproximadamente el 20% de los humedales circundantes de la cuenca de Terrebonne, que incluye los territorios nativos de la Banda Grand Caillou/Dulac de Biloxi-Chitimacha-Choctaw, la Nación Choctaw Jean Charles y la Tribu India Pointe-au-Chien. Los expertos predicen que para 2040, un tercio de los humedales restantes se habrán erosionado. Varias localidades donde vivían ciudadanos tribales están sumergidas bajo el agua, lo que ha obligado a las familias a trasladarse.

“Es importante que los pueblos indígenas recuerden que todos estamos conectados. Tenemos que vivir el ‘nosotros’ porque todos estamos implicados. Los problemas a escala planetaria nos conciernen a todos. Si dejamos que la geografía nos separe, no conseguimos poner en práctica nuestros conocimientos colectivos. Así que tenemos que vivir el ‘nosotros’ y abrazar el ‘nosotros’“, dijo la anciana Rosina Philippe, del poblado indio de Grand Bayou, de la tribu Atakapa Ishak Chawasha.

Un informe de Soledad García Muñoz, ex relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en agosto, afirmaba que la extracción de combustibles fósiles, la creciente crisis climática y las políticas y prácticas discriminatorias de las agencias gubernamentales estadounidenses contribuían a las crisis a las que se enfrentan las comunidades nativas de Alaska y Luisiana. Dicho informe además instó al gobierno estadounidense a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos humanos y la participación efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones, entre otras medidas.

“Los impactos del cambio climático ya se sienten en nuestros territorios“, añadió Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras (COCOMASUR). “Frente a ellos, los Estados deben tomar medidas, pero siempre garantizando nuestro derecho a decidir cómo queremos seguir viviendo en nuestros territorios a partir de procesos de consulta que sean libres, previos e informados. Los Estados deben entablar un diálogo real con las comunidades que ya se están adaptando al cambio climático sin el apoyo de los gobiernos.”

Los grupos que presentaron el amicus curiae solicitan a la Corte Interamericana que inste a los Estados a:

• Tomar medidas para proteger la Amazonía como ecosistema estratégico en el marco de la crisis climática.
• Monitorear, mitigar y prevenir las amenazas ambientales causadas por actividades que destruyen o degradan los ecosistemas y exacerban el cambio climático, incluyendo la eliminación gradual del uso de combustibles fósiles.
• Reconocer y proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo a los pueblos indígenas en aislamiento, como medida para abordar la crisis climática.
• Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas y la legislación sobre transición energética para evitar que la transición a energías limpias provoque nuevas violaciones de los derechos humanos.
• Garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento como ejercicio de autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales.

Entre los grupos firmantes del amicus curiae se encuentran: Akubadaura – Comunidad de Juristas (Colombia); Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa – ASOU’WA (Colombia); Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Arauca – Ascatidar (Colombia); Bay Mills Indian Community (Estados Unidos); Comuna Morete Cocha (Ecuador); Comunidad Ancestral Indígena Piwiri (Ecuador); Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur – COCOMASUR (Colombia); Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad – CMIB (Guatemala); Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán Copa – COPA (Honduras); Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD (Perú); Grand Calliou/Dulac Band of Biloxi-Chitimacha-Choctaw (Estados Unidos); Grand Bayou Indian Village, Atakapa Ishak Chawasha Tribe (Estados Unidos); Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (Perú); Jean Charles Choctaw Nation (Estados Unidos); Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara – MABE (Brasil); Nacionalidad Kichwa del Pastaza – PAKKIRU (Ecuador); Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (Ecuador); Native Village of Kivalina (Estados Unidos); Native Village of Nunapitchuk (Estados Unidos); Newtok Traditional Council (Estados Unidos); Organización de Jóvenes y Estudiantes Indígenas de Madre de Dios – OJEIMAD (Perú); Plataforma Agraria (Honduras); Pointe-au-Chien Indian Tribe (Estados Unidos); Resguardo Indígena Chidima Tolo (Colombia); y, Resguardo Indígena Pescadito (Colombia).

Lea el amicus curiae. 

Contacto:
Kate Fried, EarthRights International
(202) 257.0057
kate.fried@earthrights.org