Desde EarthRights International saludamos el avance en la implementación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso colombiano.

Este importante paso servirá para fortalecer la protección de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, así como para avanzar en el reconocimiento y protección de las y los defensores ambientales; además, contribuye a robustecer los estándares de democracia ambiental en la región.

Resaltamos además su importancia dado que ha sido producto de un proceso de movilización social, la incidencia permanente de la sociedad civil agrupada en la Alianza por Escazú en Colombia y un amplio debate por parte del Congreso colombiano. Queda ahora pendiente el examen que debe realizar la Corte Constitucional y el depósito de la ratificación para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor en Colombia.

Cabe recordar que, desde el mes de agosto del presente año, el Ministerio de Ambiente colombiano empezó a trabajar, sobre la base de la implementación de este Acuerdo, en un plan para la protección de defensores ambientales.

En un país en el que las y los defensores ambientales viven una situación de alto riesgo y que tiene, lamentablemente, un índice alarmantemente alto de asesinatos de personas defensoras, la ratificación del Acuerdo de Escazú es un paso inmenso para que el Estado cumpla con su obligación de protegerles y que puedan ejercer libremente y en un ambiente propicio su labor.

Hacemos un llamado al gobierno colombiano para que empiece a avanzar desde ya en la implementación, como ha sido su compromiso, de manera articulada y coordinada junto a los pueblos indígenas, comunidades étnicas y sociedad civil: será indispensable que las y los defensores aporten de manera activa en su implementación.

El proceso hacia la ratificación en Colombia es un importante ejemplo para otros Estados de Latinoamérica que aún tienen pendiente la implementación de la democracia ambiental como Brasil, Guatemala, Paraguay y Perú, países muy peligrosos para ejercer la defensa de los territorios, especialmente para las y los defensores indígenas.

Esperamos que muy pronto más países se sumen a este proceso para continuar fortaleciendo la democracia ambiental en la región.