La Compañía Minera Antapaccay de Espinar de Glencore PLC, una multinacional con sede en Suiza, insiste en obtener pena privativa de libertad vía querella contra el dirigente y defensor ambiental Sergio Huamaní, contra quien ha solicitado 3 años de pena privativa de la libertad y la suma de 230 miles soles de reparación civil; el supuesto delito sería difamación agravada por haber realizado declaraciones en medios de prensa.

Sergio Huamaní es un defensor ambiental quechua, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) y actualmente se encuentra querellado por la Compañía Minera Antapaccay S.A.; según la empresa por cometer el delito de “atentar contra el honor en la modalidad de difamación calumniosa agravada”, a raíz de la participación de Sergio Huamaní en un medio de televisión local de Cusco y en un seminario web transmitido por Facebook, en donde brindó sus opiniones sobre lo que ocurre en su comunidad.

Lo peligroso es que la minera solicita una condena efectiva y una suma exorbitante como reparación civil, en un proceso penal que no cuenta con la intervención ni presencia de fiscalía. Esta solicitud de condena es completamente desproporcionada, teniendo en cuenta que Huamaní es un defensor indígena y que trabaja en actividades agropecuarias en su comunidad campesina.
El pasado jueves 20 de julio la Sala de Apelaciones de Sicuani, instancia a cargo de esta querella, ha dado cuenta de la presentación un informe jurídico basado en estándares internacionales legal denominado Amicus Curiae presentado por la organización internacional EarthRights International que tiene el propósito de poner de conocimiento a los jueces sobre “El derecho a defender derechos humanos y la criminalización contra el defensor indígena ambiental de derechos humanos: Sergio Huamaní Hilario, defensor K´ana de la comunidad campesina originaria Apachillanca – Coporaque”.

Una eventual condena a un defensor ambiental y líder quechua significaría un gravísimo precedente en contra del respeto de los derechos humanos, con una repercusión internacional que traspasa Espinar y Sicuani, sino también todo el Perú y América Latina.

Frente a los intentos de criminalizar a los defensores, cabe recordar la recomendación expresa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se debe eliminar este tipo de acciones  y sobre todo que estos tipos de recursos penales no sean usados contra los defensores y defensoras.

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Rosa Arista Zerga, Programa Amazonía- EarthRights International
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