Hoy, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, EarthRights International (ERI), el Instituto de Defensa Legal (IDL), y la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la grave situación de derechos humanos en Perú como consecuencia de la política extractivista. En la audiencia se denunció específicamente cómo las violaciones de derechos humanos afectan de manera particular a los líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos del medio ambiente y el territorio, y a los pueblos indígenas y las mujeres.
Las organizaciones denunciaron al marco normativo y el andamiaje institucional en Perú a favor de los intereses privados de las empresas extractivas nacionales e internacionales, que tiene como base la privatización de la función policial.
La CIDH cuestionó la existencia de estos convenios, y la privatización de la fuerza pública, señalando además la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la protesta y el libre ejercicio de defender derechos.
LA CIDH también manifestó su preocupación por las acciones que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres en el marco de los proyectos extractivos. De igual manera mostró su preocupación por la inexistencia de mecanismos estatales para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos.
Milton Sánchez, presidente y líder de la PIC manifestó que “pesé a que han pasado más de dos décadas de presencia de la actividad minera, la situación de pobreza de la región ha empeorado, pese a tener a la empresa minera más grande de oro de Latinoamérica en su territorio”. Continúo señalando que “además de proyectos mineros que amenazan fuentes de agua, plantean construcción de hidroeléctricas que desplazarían a miles de pobladores e inundarían valles productivos en el rio Marañón.”
Así mismo se denunció en la audiencia la impunidad frente a la represión violenta de la protesta social, pese a que en algunos casos se ha encontrado la responsabilidad del Ejército y la policía Nacional del Perú.
Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que “hay una necesidad de una política pública para la protección de defensores y defensoras,” y recordó que “en las audiencias de la CIDH de abril de 2016 el Estado se comprometió a publicar en un periodo de dos meses un protocolo de actuación, sin que ello haya ocurrido”
“Ya es tiempo que el Estado publique los convenios vigentes, bajo los cuales se está privatizando la función policial en aras de intereses privados de las empresas” añadió Juliana Bravo Valencia, Directora del programa de la Amazonía de EarthRights International. “El estado peruano debe garantizar el derecho de todas las personas a defender derechos y a ejercer el legítimo derecho a la protesta social”.
