Las represas, una amenaza para Bolivia

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Bolivia en los ojos del mundo de los Derechos Humanos

La ciudad de Sucre, Bolivia, fue sede del 171 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reunió a los comisionados y las comisionadas de la CIDH, representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representantes estatales, organizaciones de la sociedad civil, y víctimas de violaciones a derechos humanos de diversos países de la Región.

A través del trabajo que venimos realizando en el Programa Amazonía de EarthRights International en Latinoamérica, hemos acompañado a los pueblos indígenas de Bolivia en su lucha por la defensa del territorio.

Y este trabajo ha tenido un foco especial en hacer seguimiento a la vulnerabilidad de estos pueblos como consecuencia de las represas que se planean construir en territorios ancestrales.

En razón a ello, en el marco de las sesiones de la CIDH, organizamos junto con la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios y Áreas Naturales Protegidas (CONTIOCAP), la Pastoral de la Ecología y Medio Ambiente, y Caritas Pastoral Social Tarija – organizaciones sociales de base e indígenas-  el evento “Las represas, una amenaza para Bolivia: el caso Chepete-Bala y Rositas”

El evento contó con la participación de Alex Vilca, indígena Uchupiamona, defensor de la tierra y vocero de la resistencia a las mega-hidroeléctricas Chepete y El Bala; Ruth Alipaz, mujer indígena Uchupiamona, integrante de la Mancomunidad de Mancomunidades Indígenas de los ríos Beni, Quiquibey Tuichi y parte de la CONTIOCAP; Marcelo Ortega, Secretario Ejecutivo de Pastoral Social Caritas Sucre; y como moderador, Miguel Barboza López, abogado del Programa Amazonía de EarthRights International.

Tres represas que afectarían a miles de bolivianos

El panel buscó visibilizar los impactos que se producirían con la construcción y posterior puesta en operación de los proyectos hidroeléctricos Chepete, el Bala y Rositas en Bolivia.

Estos proyectos han sido declarados de interés nacional por el Estado de Bolivia pese a conocerse que afectarían aproximadamente a 51 comunidades y a más de 5,000 indígenas.

El Chepete y el Bala son dos proyectos hidroeléctricos ubicados en La Paz, que represarían el río Beni e inundarían 771 kilómetros cuadrados de tierra.

Esto afectaría directamente a las comunidades de Mosetén, Chimán, Ese Eja, Tacana y Uchupiamona; y a las áreas naturales protegidas Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilon Lajas, y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integral Madidi.

Por su parte, el proyecto Rositas, ubicado en Santa Cruz, es parte del megaproyecto Río Grande-Rositas que busca represar el río Grande e inundar 449 kilómetros de tierra.

Este proyecto afectaría a 32 comunidades guaraníes, e impactaría las áreas naturales protegidas, tales como el Parque Nacional – Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, Área Natural de Manejo Integrado Río Grande – Valles Cruceños, y la Reserva Municipal de Parabanó.

Ruth Alipaz y Alex Vilca compartieron su experiencia en la defensa de sus territorios ancestrales y resaltaron las múltiples violaciones que se producirían con la construcción y posterior ejecución de dichas hidroeléctricas a su tierra, territorio y recursos naturales.

Las consecuencias para la vida de estos proyectos

Entre las posibles consecuencias, se destacó el desplazamiento forzado de los pueblos afectados, desvinculándolos directamente de sus tierras, cultura y tradiciones ancestrales; la perdida de la biodiversidad de flora y fauna existente en su territorio, recursos de los cuales son dependientes; y la afectación directa a su salud, alimentación y vivienda.

Alex Vilca enfatizó que “el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos impide el desarrollo de su cultura y pone en grave riesgo su supervivencia, configurándose así el crimen de etnocidio”.

En el panel se afirmó que dichas violaciones se producirían desde antes que se inicie la construcción y/o su ejecución de un proyecto.

En el caso de las hidroeléctricas, por ejemplo, la sola declaración de interés nacional del proyecto atrae la atención de otras actividades económicas que buscan insertarse en el territorio donde se ejecutará y que resultan necesarias para su funcionamiento

Un ejemplo sería la construcción de carreteras y líneas de transmisión eléctrica, pero a ello se suma la aparición de actividades ilegales, como la minería y tala ilegal y el narcotráfico.

Las violaciones identificadas que se cometerían responden a determinadas causas que, de haberse analizado previamente, no se perpetuarían.

Durante el panel se abordaron cuatro causas:

  • La no comprensión del concepto de desarrollo, al no incluir este concepto la cosmovisión de los pueblos indígenas al momento de desarrollar proyectos extractivos o hidroeléctricos.
  • La falta de consulta previa, libre e informada.
  • El no considerar que existen otros medios alternativos para generar energía, más amigables con el medio ambiente y que no causen impactos mayores a los pueblos indígenas.
  • No considerar que las violaciones producidas por las hidroeléctricas deben ser de preocupación e interés nacional y no sólo de los pueblos indígenas desplazados.

En el panel se concluyó que si se evaluaran estas cuatro causas antes de otorgarse una concesión para la construcción de una central hidroeléctrica se evitaría la violación de múltiples derechos humanos.

Las mismas historias de abusos que hemos visto antes

Asimismo, se resaltaron los graves hechos sucedidos en otras partes del mundo como consecuencia de la construcción y ejecución de represas, que han afectado la vida y los territorios de pueblos indígenas.

Entre ellos, lo ocurrido en Laos con el colapso de la represa Xe-Pian Xe-Namnoy que dejó sin hogar a 6,600 personas y un saldo de 20 personas fallecidas.

En Colombia, la grave crisis ambiental y humanitaria, producida por la represa Hidroituango, que, aunque no ha empezado a operar, ha generado el desvió y sequía del Rio Cauca, y por tanto la muerte de un ecosistema del cual depende los pobladores rivereños, afectando su vida e integridad.

Y recientemente en Brasil, donde la ruptura de la represa de Brumandinho dejó el saldo de 60 muertos y 300 desaparecidos en el Estado de Minas Gerais.

Resulta innegable que la construcción y puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas tienen un severo impacto social, cultural y ambiental a los pueblos indígenas afectados. Para evitar que ello suceda y se concreticen violaciones, es necesario que en general los Estados adopten las siguientes medidas:

  • Tomar en consideración que existen otros medios alternativos de generación eléctrica cuyo impacto social es menor.
  • Garantizar un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada en donde los pueblos indígenas afectados tengan poder de decisión sobre la ejecución o no de dichos proyectos.
  • Considerar que la construcción de una central hidroeléctrica traería como consecuencia el represamiento de las aguas, la destrucción de la biodiversidad de flora y fauna que existe en territorios ancestrales, y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, limitando el ejercicio de sus prácticas milenarias y desarrollo de su cosmovisión.
  • Proteger a los y las defensores y defensoras indígenas y de la sociedad civil que marchan en contra de dichos proyectos hidroeléctricos, evitando así su criminalización y actos de hostilidad.

Todos estos hechos, y sus graves consecuencias en la vida y los territorios de los pueblos indígenas, hacen que EarthRights International reafirme su compromiso con los pueblos indígenas de Bolivia y toda la región para acompañar la defensa de sus territorios y establecer estrategias que nos permitan avanzar en su protección.

Escrito por Miguel Barboza López y Juliana Bravo Valencia.

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