• Por Laylor García * laylor@earthrights.org || Fotos: CooperAcción

El derrame de petróleo ocasionado por la multinacional española Repsol, el 15 de enero de 2022, sigue causando estragos en la vida de los pescadores artesanales peruanos que no son solo víctimas de la contaminación ambiental, sino además de las malas prácticas empresariales por parte de Repsol que hasta la fecha no realiza una real rendición de cuentas sobre el alcance de los daños ocasionados.

Han transcurrido ya cuatro meses desde que el 15 de enero de 2022 la vida de los pescadores artesanales cambie drásticamente pasaron de tener una vida digna, a una vida de  necesidades insatisfechas, como consecuencia del mayor ecocidio de los últimos tiempos originado por el derrame en el océano peruano de 11 900 barriles de petróleo crudo en la refinería La Pampilla de la multinacional petrolera Repsol, ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Lima.

Las impactantes imágenes de la fauna marina cubierta de petróleo recorrieron el mundo entero, produciendo la indignación de millones de personas que se manifestaron por diferentes medios de comunicación y a través de movilizaciones sociales.

Sumada a esta gran devastación de la biodiversidad costera del océano Pacífico se ha generado una crisis humanitaria sin precedentes que no está siendo atendida ni por el Estado peruano, ni por la empresa Repsol.

Desde la catástrofe ocurrida en el mar peruano, cientos de familias se han visto gravemente afectadas pues dependen de la pesca artesanal y de actividades relacionadas al mar y playas para su sustento, lo que ha generado una crisis económica que será muy difícil de contrarrestar.

Al mismo tiempo, estas familias enfrentan el deterioro de su salud por la exposición al hidrocarburo por tiempo prolongado. Además, sus prácticas culturales y sus relaciones comunitarias se transformaron de manera abrupta en un caos social que hasta el momento no parece tener solución.

APADA: LA ORGANIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES NO EMBARCADOS COMO CONTINGENCIA AL CAOS

En respuesta a estas afectaciones ambientales, sociales y culturales, así como ante la desprotección estatal, los pescadores de Aucallama se han organizado en la “Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucallama – APADA”, un colectivo de más de 40 pescadores, que habitan la playa Chacra y Mar del distrito de Aucallama (Huaral, Lima).

APADA busca la reivindicación de derechos que parten de la vida digna, el ambiente sano, la protección del ecosistema marino, la protección de la tradición de la pesca artesanal como forma de vida y subsistencia, y el derecho a una reparación integral e indemnización justa con estándares nacionales e internacionales por los daños causados.

Es en esta lucha que EarthRights International (ERI) y CooperAcción acompañan a la asociación de pescadores en el asesoramiento y plan de acciones legales, así como en el fortalecimiento organizacional y comunitario en defensa de sus derechos.

ESTADO PERUANO DE ESPALDAS A LA COMUNIDAD

El gobierno peruano anunció el apoyo a las comunidades afectadas por el derramamiento de petróleo a través de bonos de ayuda económica.

Sin embargo, según información pública, la Presidencia Consejo de Ministros (PCM) y la empresa Repsol sostuvieron reuniones en las que la PCM presentó a Repsol, “una propuesta de reparación de daños y perjuicios proponiendo una indemnización a la población afectada”.

Como resultado de esta reunión, el Estado peruano anunció que ya no se harían efectivos los bonos de apoyo a la población afectada, dejando en manos de Repsol el “adelanto de la indemnización” a los pescadores y comunidad afectada.

La empresa Repsol ha circulado de manera masiva unos formatos que contenían supuestos “acuerdos” dirigidos a las organizaciones de pescadores y otros de acuerdos individuales, para que fueran completados y firmados.

Algunos apartados de estos documentos dicen lo siguiente:

“La asociación ______ reconoce que la suma que será entregada a sus asociados tiene como objetivo permitir parcialmente superar las afectaciones y efectos negativos, causados por el evento a sus socios, y que se entenderá como pago a cuenta de una indemnización que pueda corresponderles…”. (El resaltado es nuestro).

APADA se ha negado a firmar estos acuerdos por considerarlos que la empresa hace abuso derecho y viola sus derechos fundamentales. La Asociación ha realizado una contrapropuesta en la que solicitan la entrega de los S/ 3 000 en el marco de la política de sostenibilidad empresarial y como reconocimiento de la grave situación de vulnerabilidad de la población de pescadores.

Hasta el momento, esta propuesta no ha sido respondida oficialmente por la empresa Repsol y, en cambio, insisten en persuadir a los integrantes de la asociación de pescadores a que firmen los acuerdos y actas de “ adelanto de indemnización”.

Estamos ante un panorama de violación de garantías y derechos fundamentales. Por un lado, el Estado peruano no cumple con las obligaciones de salvaguardar la vida de sus ciudadanos y por el otro, la empresa Repsol busca evadir sus obligaciones, con acuerdos injustos de indemnización, que ahondan las afectaciones de la población más vulnerable, cuyas propuestas y demandas no son escuchadas.

Asimismo, ni Repsol ni el Estado peruano cuentan con metodologías adecuadas para determinar las afectaciones de los derechos a la población pesquera, no existe una identificación diferenciada de las afectaciones de las mujeres, niños y niñas, como tampoco a la población pesquera.

Cabe mencionar que el derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado estándares de protección a la población rural, trabajadores agrícolas y rurales, al tiempo que reconoce su contribución al desarrollo sostenible. Asimismo, en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, y la Convención para la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur en donde se desarrollan estándares sobre “ … la necesidad de evitar efectos perjudiciales y asegurar el acceso a la actividad pesquera a los pescadores y a las mujeres que trabajan en el sector dedicados a la pesca de subsistencia, a la pesca en pequeña escala y a la pesca artesanal …”

LA VOZ DE LOS PESCADORES QUE NO ES ESCUCHADA

En medio de este panorama, la Asociación de Pescadores de Aucallama ha solicitado a la PCM la conformación de un Grupo de Trabajo Multisectorial para que se aborden los diversos temas que requieren una atención urgente y, sobre todo, que sea la voz de los y las afectadas la que sea escuchada y de esta manera romper los acuerdos bilaterales y simétricos que hasta el momento han tenido el Estado y la empresa Repsol.

En la actualidad no ha habido una respuesta oficial por parte de la PCM a esta solicitud.

Por otro lado, Repsol lejos de fomentar el diálogo y la transparencia en sus acciones, presentó una solicitud de nulidad ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA que busca dejar sin efecto las resoluciones subdirectorales N° 240, 241 y 243, en donde el OEFA les otorga la “calidad de tercero con interés legítimo” en los procedimientos administrativos sancionadores en contra de la multinacional.

La calidad de tercero con interés legítimo les permite a los pescadores de Aucallama participar en las audiencias, conocer, aportar y contradecir pruebas en las investigaciones que buscan establecer la responsabilidad administrativa de Repsol, como también exigir una adecuada limpieza y remediación de las playas afectadas por el derrame de petróleo crudo.

APADA, con el apoyo de EarthRights International y CooperAcción, presentará su oposición a este pedido y se espera que el OEFA ratifique su decisión de permitir que la Asociación tenga voz en todos los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en contra de la empresa Repsol.

ES URGENTE LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS

Como se observa, los pescadores de Aucallama exigen justicia ambiental y esto parte del reconocimiento de su condición como sujeto de derechos colectivos e individuales y la protección de la práctica tradicional de la pesca, además de reconocer al océano Pacífico como sujeto de derechos. El mar y el equilibrio ambiental y social que se dañó con el derrame de petróleo deben ser reparados integralmente; el ecosistema debe ser remediado con tecnología adecuada que permita su recuperación y, lo más importante, se debe garantizar que un hecho así no se repita en los océanos.

La protección de los ecosistemas marinos costeros es urgente para garantizar la supervivencia de la vida en el planeta, por lo que los estados nacionales y las industrias transnacionales están en la obligación de adecuar sus prácticas económicas de tal forma que se garantice un equilibrio ambiental y se garantice la vida en todas sus formas.

Desde ERI seguimos acompañando a las comunidades locales en este camino hacia la justicia ambiental y esperamos que la voz de los pescadores de Aucallama de la costa de Perú sea escuchada y los océanos sean protegidos de las devastadoras industrias que lo amenazan. 

AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE ARTÍCULO:

• Derrame que continúa extendiéndose hacia el norte a lo largo de la costa peruana, afectando especies marino-costeras en 65 playas de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay.
• Se ha estimado que la extensión del área afectada para el componente suelo (franja de playa-litoral) es de 1.800.490 m² (180 has), y para el componente agua (mar) es de 7.139.571 m² (713 has) aproximadamente. Se ha considerado la línea de costa, desde la refinería La Pampilla (Ventanilla) hasta la playa Peralvillo (Chancay).

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