“Es un gran avance para las y los defensores que cuestionan a las transnacionales que quieren imponer mega proyectos sin consultar y respetar los derechos. Es una bonita oportunidad para legitimar la justicia rondera y la defensa de los defensores” – Pablo Abdo, Abogado de ERI

EarthRights International asumió la defensa legal de doce ronderos (Campesinos y campesinas que administran justicia comunal sobre su territorio) que pertenecen a la comunidad campesina de Yagén, en la Provincia de Celendin, Cajamarca, Perú. La criminalización de los defensores del Río Marañón, inició en el año 2014, esto como consecuencia de las movilizaciones y denuncias públicas realizadas por la población, en respuesta a la aprobación de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chadin 2, que pretende represar el Río Marañón.

“Este tipo de denuncias que hacen las empresas es para intimidar a la gente es para que no actúen. En el caso Chadin 2 que es una hidroeléctrica en el rió Marañon que es uno de los ríos principales ríos del país y uno de los principales tributarios del Amazonas, y la hidroeléctrica pretende inundar los varios productivos y desplacer a la populación para generar una energía barata no para nosotros, como lo dicen los medios de comunicación, si no para las empresas mineras.” – Milton Sanchez, Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).

El proceso penal contra los defensores duró más de 4 años, y en este el Ministerio Público de Celendín presentó acusación por el delito de “Secuestro Agravado” (Conf. Art. 152.11 del Código Penal peruano), solicitando una pena de treinta años de cárcel para cada uno.  En la etapa de juicio oral, tres testigos, ex trabajadores de Odebrecht, desistieron de su declaración inicial y manifestaron que no fueron conducidos en contra de su voluntad, que no fueron víctima de ningún tipo de lesión por parte de miembros de la comunidad, y en consecuencia que no fueron secuestrados.

“Yo soy uno de los ronderos criminalizados. Hoy en día estamos liberados, hemos sido sentenciados supuestamente por haber cometido el delito de secuestro. Serian 30 años de cárcel mas 32.000 (soles) de reparación civil, lo cual como campesino la mayoría de nosotros no contamos con eso.” – Santos Wama, rondero criminalizado

Para la defensa legal, la declaracion de los testigos sumadas a las actas levantadas por las rondas durante la intervención,, demostraron de manera categórica la inocencia de los defensores, la falta de elementos de juicio y rigor por parte de las autoridades en el marco de la investigación y la persecución que Odebrecht ha sostenido en contra de los pobladores que se oponen a sus intereses. Así, lo demuestra la declaración de uno de los testigos, quien afirmó haber sido encargado por la misma empresa a declarar en la investigación en contra de los ronderos de Yagén.

“Deverdad estabmo en un monstruo, en otro mundo que es la empresa Odebrecht la cual quiere condicionar por lo medio de las autoridades impresionar a los campesinos para que ingresen abusivamente nuestro territorio, destruir nuestro Marañón, nuestro medio ambiente, nuestra provincia de Celendin.” – Santos Waman, rondero criminalizado

Tras años de persecución penal, estigmatización y búsqueda de justicia, el pasado 28 de septiembre, en el marco del juicio oral, el Fiscal de Celendín retiró los cargos frente al Tribunal, por considerar que en el proceso se probó que los ronderos actuaron con plena legitimidad legal de sus funciones jurisdiccionales y que no existía prueba alguna de la comisión de algún tipo de delito. Así, el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial de Cajamarca, decidió absolver a los doce ronderos de toda responsabilidad penal; dictando el sobreseimiento definitivo de la causa.

Si bien, se obtuvo una sentencia favorable y se hizo justicia legal frente a las denuncias infundadas de Odebrecht, es importante mencionar que durante todo este periodo muchos de los miembros de esta comunidad sufrieron estigmatización, amenazas y violencia por oponerse de manera legítima a un proyecto que viola sus derechos humanos y el medio ambiente, y que ha sido cuestionado de manera técnica y legal en diversos espacios.

“En estos años nos hemos sentido mal, muertos en la vida, no más porque nos quitaron la libertad, no podíamos salir por las provocaciones que causaba, por los motivos del juicio y la empresa. La empresa de Odebrecht. La misma empresa que tiene un por ciento de [la hidroeléctrica] Chadin 2.” – Elmer Seldaña, rondero criminalizado

Esperamos que este caso sirva de precedente para que persista la defensa del territorio y del Rio Marañón, y para que los defensores y defensoras en el Perú dejen de sufrir las consecuencias graves de la estigmatización y la criminalización que hay en su contra. Además, que permita reflexionar sobre el derecho a la administración de justicia comunal que tienen las rondas campesinas en sus territorios.