La criminalización ocurre cuando políticos y líderes empresariales poderosos utilizan el sistema legal como arma para silenciar a sus críticos. Esto puede incluir: la aprobación de leyes que restringen la libertad de expresión y la protesta pacífica, la imposición de sanciones severas por desobediencia civil o el uso de acusaciones infundadas para someter a las personas defensoras a procesos judiciales costosos y prolongados.
En América Latina se vive a diario el mal uso de un sistema judicial que persigue y castiga sin fundamento jurídico a quienes levantan la voz en defensa de su territorio y sus derechos. El motivo de su persecución es que exigen a las empresas y al Estado que no generen daños en el medio ambiente y su territorio y que, en caso de que estos ocurran, los reparen o mitiguen.
A este fenómeno se le conoce comúnmente como criminalización judicial y suele darse principalmente en dos contextos. El primero se da en el marco de protestas sociales pacíficas: se acusa a las personas defensoras de delitos que no cometieron, apuntando especialmente a los dirigentes y liderazgos comunitarios más visibles. El segundo ocurre cuando empresas privadas y/o el Estado presentan denuncias o demandas, bajo el argumento de que fueron difamadas y/o afectadas, con el objetivo de intimidar y agotar a quienes denuncian la afectación de sus territorios y sus derechos. Toda esta estrategia tiene por objetivo deslegitimar la labor de las personas defensoras, convertir el ejercicio legítimo de un derecho en un acto ilegal y generar miedo para desmovilizar protestas pacíficas contra los llamados proyectos de inversión y desarrollo.
Estos procesos judiciales pueden extenderse por años, entre juicios prolongados y apelaciones, generando para las personas defensoras y sus familias estrés extremo, afectaciones a la salud física y mental, deterioro económico e incluso estigmatización social al hacerse pública su situación judicial.
Dos casos muy importantes que EarthRights ha litigado y que ilustran este fenómeno en el Perú son el caso contra FENAMAD y el caso contra los comuneros de Urinsaya.
Criminalización en contra de FENAMAD por defender los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de las actividades extractivistas
El pueblo Mashco Piro, en aislamiento voluntario, por su carácter nómada depende de la recolección y caza para garantizar su supervivencia. Este pueblo habita entre Perú y Brasil, incluyendo áreas como la Reserva Territorial de Madre de Dios. Su situación es de alta vulnerabilidad: el contacto con el mundo exterior lo expone a enfermedades comunes que pueden resultar letales. Asimismo, el encuentro con personas externas ha desatado enfrentamientos que ponen en riesgo sus vidas y la de los trabajadores que operan en la región. Riesgos que ha advertido FENAMAD, organización indígena que representa las comunidades de la cuenca del río Madre de Dios, ante instancias nacionales e internacionales.
En el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, FENAMAD emitió un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano la protección de la integridad del pueblo Mashco Piro y el cese de las actividades extractivas. Como consecuencia, tanto FENAMAD como su entonces presidente, Julio Cusurichi, fueron demandados por una empresa maderera acusados de difamación.
El Poder Judicial de Madre de Dios falló en dos instancias en contra de FENAMAD, favoreciendo a la empresa maderera. Las sentencias no solo le exigieron el pago de una reparación civil de $5.000 dólares, sino también la obligaron a publicar una carta de autoinculpación redactada por la propia empresa.
En julio de 2025, gracias a una acción de amparo contra amparo que presentamos desde EarthRights en 2022, contra las sentencias emitidas por el Poder Judicial de Madre de Dios, la Corte Suprema del Perú reconoció que se habían violado los derechos fundamentales de FENAMAD y de Julio Cusurichi, al debido proceso, la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, por lo que declaró fundada nuestra demanda. La sentencia destacó que, según los estándares nacionales e internacionales, las autoridades judiciales de Madre de Dios no aplicaron un enfoque intercultural ni preventivo, esenciales en los casos que involucran la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y que adoptaron una interpretación errónea de las normas.
Aunque este fallo representó una victoria para FENAMAD y las organizaciones indígenas en Perú, la persecución judicial dejó heridas que la sentencia no podrá borrar. La organización y sus dirigentes enfrentaron estigmatización y señalamientos, además de asumir gastos jurídicos sin haber cometido ninguna falta. Sufrieron un desgaste emocional que generó miedo e incertidumbre durante todo el proceso.
Urinsaya no se calla…
Urinsaya no se calla: campesinos y campesinas fueron declarados inocentes tras protestar contra poderosa minera
Urinsaya es una comunidad campesina del pueblo indígena quechua ubicada en Cusco, Perú, donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería. Se encuentra en la zona de influencia de la minera MMG Las Bambas, una de las mayores productoras de cobre del país, que utiliza el “Corredor Minero” para transportar su mineral hacia los puertos de exportación.
Más de 300 camiones circulan diariamente por este corredor que atraviesa varias comunidades, incluida Urinsaya, levantando partículas de polvo, además de provocar accidentes y derrames de minerales que afectan gravemente la salud de los pobladores, animales y cultivos.
En enero de 2020, tras años de denuncias ignoradas sobre los impactos ambientales y sociales que causa la mina, la comunidad decidió ejercer su derecho a la protesta pacífica para exigir el cese de la contaminación.
Durante la protesta, los manifestantes detectaron a un hombre que filmaba y tomaba fotografías de los participantes. Al pedirle que se identificara, dijo ser ganadero, pero luego dijo que, tiempo atrás, había trabajado para la empresa de seguridad contratada por Las Bambas. Al día siguiente, ocho comuneros y dos comuneras fueron denunciadas por secuestro. En 2021, desde EarthRights asumimos la defensa de tres de ellos. Ese mismo año logramos que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Espinar archivara el caso; sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y pidió penas de hasta 20 años de prisión para los acusados.
El caso llegó a juicio oral en agosto de 2024. Durante más de cuarenta audiencias, la Fiscalía no logró demostrar ninguna responsabilidad; por el contrario, salieron a la luz graves contradicciones. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando el supervisor del supuesto secuestrado declaró ante el juez que nunca presentó la denuncia, que en el momento de los hechos se encontraba a dos horas de Urinsaya y que no reconocía su firma en el acta policial. Este testimonio dejó en evidencia lo que tantas veces hemos visto en casos similares de criminalización: denuncias fabricadas para perseguir a quienes se atreven a defender su territorio.
Finalmente, el 23 de octubre de 2025, el Juzgado de Cusco emitió sentencia y declaró inocentes a los diez comuneros, señalando que no existían pruebas que acreditaran el delito de secuestro y resaltando las contradicciones y deficiencias del proceso. Aunque se espera la notificación del Poder Judicial para confirmar si la Fiscalía apeló la decisión, esta sentencia marca un hito importante al reconocer la inocencia de las personas defensoras.
“Después de cinco años de angustia para nuestras familias y la comunidad, la justicia por fin reconoce nuestra inocencia. Es un triunfo para toda la comunidad”, dijo Roger Choqueccota Qquehue, un comunero de la comunidad.
El impacto psicológico y económico del proceso ha sido profundo para Urinsaya. Sin embargo, esta sentencia representa una victoria para la verdad y la justicia, y un mensaje de aliento para quienes siguen resistiendo el abuso de los grandes poderes.
Un precedente histórico para defensores en Perú
Estos dos casos han representado un gran reto, no porque fuera difícil demostrar la inocencia de las personas defensoras – porque las pruebas siempre estuvieron a su favor – sino porque, durante todo el proceso, EarthRights debió lidiar con abogados de empresas, fiscales y jueces que vulneraron de manera sistemática el principio de objetividad. Sin embargo, cuando los casos llegaron a tribunales imparciales, los jueces escucharon a los testigos y revisaron las pruebas documentales, vieron que las personas defensoras eran inocentes y se habían violado sus derechos.
Tuvieron que pasar más de cinco años para que la Corte Suprema y el Poder Judicial de Cusco declararan la inocencia de las personas defensoras y la vulneración de sus derechos. Durante ese tiempo, ellas y sus familias vieron afectada su salud física y emocional, tuvieron que asumir gastos económicos significativos y enfrentaron impactos negativos que jamás podrán borrarse.
Mientras ambos casos nos recuerdan que la justicia puede imponerse al poder, la sentencia de FENAMAD es emblemática porque sienta un precedente para otros casos de criminalización judicial para la garantía del derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la defensa del territorio del Perú.
En Perú, según los datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre 2000 y 2025, se han registrado más de 740 casos de criminalización contra personas defensoras.
Estos casos no son la excepción, sino la muestra de un fenómeno creciente. Por eso, EarthRights seguirá comprometido con la defensa de los derechos de las personas defensoras, visibilizando las estrategias de criminalización judicial que buscan silenciar y acallar a quienes denuncian la afectación al medio ambiente, el territorio y sus derechos.
