En un extremo Argentina, Chile y Colombia; al otro Brasil, Paraguay y Perú. Tres países hacia adelante y tres países estancados en la lucha para frenar el cambio climático y en el compromiso de protección de la tierra y el territorio.
El Acuerdo de Escazú ha sido una iniciativa trabajada durante muchos años para proteger y potenciar el ejercicio de los derechos ambientales a 1) la información, 2) la participación y 3) la justicia en materia ambiental. Para esto, el acuerdo conlleva una serie de compromisos, como los de fortalecer sus oficinas estatales para que tengan la capacidad de garantizar estos derechos, de ayudarse mutuamente entre sí para perfeccionar la protección del ambiente, además; y esto es lo más importante e innovador, obliga a que los Estados brinden las condiciones adecuadas a las personas que ejercen y promueven esto derechos, es decir a las personas defensoras ambientales o de derechos humanos, para que puedan ejercer sus derechos.
Los últimos países de la región en dar grandes pasos han sido Argentina (2021), Chile (2022) y Colombia (en proceso de ratificación) al avanzar hacia la ratificación e implementación del Acuerdo materia de protección ambiental en la región, y también en la protección de las personas, organizaciones y pueblos indígenas defensores de la tierra y ellos territorios.
En Argentina incluso la ciudadanía organizada logró que un Juzgado Federal en Mar del Plata, tomando como base de su argumentación este Acuerdo, suspenda la aprobación de un proyecto de exploración sísmica marino que no cumplió con implementar una adecuada consulta previa municipal, un adecuado estudio de impacto ambiental ni con los estándares sobre información y participación ciudadana.
Hace pocos meses Chile ratificó el Acuerdo de Escazú y en estos días Colombia viene dando pasos agigantados para esta ratificación. Su congreso aprobó, después de un amplio debate el Acuerdo. A inicios de este mes el presidente de la república, Gustavo Petro, firmó el Acuerdo y esta ya es Ley en ese país; ahora tiene que ser examinado por la Corte Constitucional colombiana; si bien, no es un proceso automático, se avanza y por buen rumbo.
Lamentablemente, en el otro lado del péndulo, en Perú estas últimas semanas se ha retrocedido en esta materia. El Congreso peruano archivó definitivamente (por segunda vez) la posibilidad de ratificación. Esto pese a que fue uno de los países impulsores en la construcción de este acuerdo. Utilizaron argumentos realmente sorprendentes, tales como: que la gestión territorial se daría por parte de ONG internacionales y extranjeras registradas en Perú, o que se exigiría a las empresas la entrega de información que no es de interés público, que se afectaría a los derechos constitucionales, a la propiedad y a la libertad de las empresas.
Los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú no son solo falsos, sino que obvian la terrible situación que afrontan las y los defensores de la tierra y el territorio en Perú, sobre todo las y los defensores indígenas, quienes están siendo atacados, criminalizados, secuestrados o incluso asesinados. Dato curioso, han sido los mismos argumentos que utilizaron los gremios empresariales de la región para oponerse a Escazú.
Así como Perú, aún existen países tales como Brasil o Paraguay, donde la deforestación y el ataque a las y los defensores avanza exponencialmente (según Frontline Defenders el año 2021 asesinaron a 28 defensores en Brasil); sin embargo, en cada uno de estos países son los grupos empresariales y de poder económico quienes se oponen de manera más fuerte a esta ratificación, repitiendo en los tres países los mismos argumentos falsos: desde la pérdida de la soberanía de los Estados, pasando por la vulneración del derecho a la propiedad y llegando a argumentos tan absurdos como que con este tratado se introducirá la “ideología de género”.
Primer Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe:
Este 22 y 23 de noviembre se realizará el Primer Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, su principal objetivo es sostener un primer diálogo con las y los defensores, así como con sociedad civil que permita conocer y elaborar propuestas y comentarios como parte de una discusión inicial que permita la elaboración del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores del Acuerdo de Escazú.
Desde EarthRights International estaremos participando en este espacio, y como una de las organizaciones voceras de la Campaña Escazú Perú (articulación de organizaciones indígenas y de sociedad civil que promueve la implementación de los estándares del Acuerdo), estaremos articulando las propuestas desde esta plataforma.
Sobre el Acuerdo de Escazú:
La idea nació hace muchas décadas. Fue en la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” en 1992 donde se reconoció que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas interesadas, con el acceso adecuado a la información que deba brindar el Estado, incluyendo información sobre materiales y actividades que encierren peligro para las comunidades; y que en el caso de daños se brinde el acceso efectivo a la justicia. Así, estos tres pilares y derechos: participación, información y acceso a la justicia marcaron la pauta para lo que años después, concretamente dos décadas, sería uno de los acuerdos más potentes de la región.
Fue a partir del año 2014 que los países iniciaron a la negociación y construcción de un acuerdo regional sobre Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en asuntos ambientales. La Mesa Directiva de los países que lo impulsaron estuvo compuesta por Chile y Costa Rica (como copresidentes), y por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Como vemos fue un proceso arduo.
En el año 2018 en Escazú, Costa Rica, se logró adoptar este Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Entró en el año 2021. A la fecha, 13 países que ya lo han ratificado.
Contacto:
Ana María Vidal – anavidal@earthrights.org
Coordinadora de defensores del Programa de la Amazonía.
Rosa Arista Zerga – rosa@earthrights.org
Coordinadora de comunicaciones del Programa de la Amazonía.
