Después de más de seis años ha concluido el proceso judicial contra las y los comuneros de Urinsaya, acusados injustamente de secuestro por defender su derecho al ambiente sano frente a los impactos de la minera Las Bambas. La Fiscalía Provincial se abstuvo de impugnar la sentencia de segunda instancia que confirmaba la inocencia de todas las personas acusadas.
Cusco, 15 de junio de 2026 — La Fiscalía Provincial Penal de Canchis no presentó recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Sicuani, dejando firme la decisión judicial que confirmó la inocencia las personas acusadas injustamente de secuestro tras participar en una protesta pacífica.
El pasado 19 de mayo, la Sala Penal de Apelaciones de Sicuani confirmó la sentencia emitida en octubre de 2025 por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco, que absolvió a los comuneros y comuneras procesados al concluir que no existían pruebas en su contra.
Tras cumplirse el plazo legal de 10 días para interponer recurso en contra de la sentencia de segunda instancia, se pone fin de manera definitiva a este caso que afectó profundamente la vida de las personas acusadas, sus familias y la comunidad campesina de Urinsaya.
“Este caso es un ejemplo claro de cómo el sistema judicial en Perú es utilizado para perseguir a quienes alzan su voz en defensa del territorio y los derechos humanos. Resulta alarmante que, ante proyectos extractivos que ponen en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades, se recurra a la criminalización como mecanismo para desalentar y reprimir el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social”, sostuvo Katherine Paucar, abogada de EarthRights International (ERI) que llevó la defensa de tres de las personas acusadas.
Esperamos que esta sentencia contribuya a que la justicia cumpla su verdadero propósito: proteger los derechos colectivos y a quienes los defienden, en lugar de convertirse en una herramienta al servicio de intereses económicos de las empresas extractivas.
