Nueva herramienta legal de derechos humanos arrojará luz sobre los hechos que provocaron la parálisis del campesino peruano Elmer Campos durante la represión de 2011.
Nueva herramienta legal de derechos humanos arrojará luz sobre los hechos que provocaron la parálisis del campesino peruano Elmer Campos durante la represión de 2011.
19 de marzo 2015, Denver, CO: El lunes, un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar pruebas relacionadas a la represión policial de las protestantes contra el proyecto minero Conga ubicado en el norte de Perú.
EarthRights International (ERI) presentó la solicitud en 2014 en nombre de Elmer Eduardo Campos Álvarez, un campesino peruano de 33 años de edad. El Sr. Campos resultó inmovilizado de la cintura para abajo en 2011, cuando recibió un disparo en la espalda mientras se manifestaba pacíficamente cerca del área del proyecto minero.
El Sr. Campos, ciudadano de la provincia de Cajamarca, donde se proyecta desarrollar la mina Conga, fue uno de los 24 manifestantes heridos el 29 de noviembre de 2011. Alega que fue baleado por la Policía Nacional del Perú bajo contrato con Minera Yanacocha. Newmont es accionista mayoritaria y operadora de Minera Yanacocha.
Además de quedar paralizado de forma permanente, el Sr. Campos perdió un riñón y el bazo como consecuencia de la violenta represión policial.
El juez Robert E. Blackburn emitió una orden el lunes 16 de marzo de 2015 bajo la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite a personas solicitar pruebas en los Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar un caso legal en otro país.
ERI ha sido pionera en el uso de FLA en casos de derechos humanos y medioambientales. En el pasado, esta legislación FLA ha sido utilizada por grandes corporaciones como Chevron para recabar información sobre sus opositores y críticos, pero casos como del Sr. Campos han permitido revertir la herramienta hacia quienes cuestionan el poder de las corporaciones.
Luego de conocer la sentencia, el Sr. Campos declaró: “Estoy muy contento con la noticia de que el juez de Colorado hizo justicia, porque aquí en el Perú no existe una verdadera justicia para los campesinos”.
Actualmente se llevan adelante en el Perú una investigación penal contra los dos agentes de policía al mando durante los sucesos de 2011 y una demanda civil contra la Policía.
En el Perú el Sr. Campos es representado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
“Esta decisión requiere que Newmont entregue numerosos documentos que esperamos pueda arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a los disparos de arma de fuego y la parálisis del Sr. Campos,” dijo la abogada de ERI Marissa Vahlsing.
La evidencia incluye fotos y videos relacionados con las protestas cerca de la mina Conga, informes de seguridad de Yanacocha, comunicaciones entre Yanacocha y la policía, y las comunicaciones internas de la empresa. Asimismo, el tribunal accedió a la solicitud del Sr. Campos de tomar una declaración jurada de un representante de Newmont.
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, agregó: “Perú ha sido testigo de muchos casos de represión a manifestantes en los últimos años. Esta decisión de la Corte de Estados Unidos fortalecerá la capacidad del Sr. Campos de obtener justicia en el Perú y permite que nuestros tribunales puedan investigar a fondo su caso”.
