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Denver, 24 de enero de 2014 – EarthRights International (ERI) presentó hoy una demanda ante la Corte Federal en representación de Elmer Eduardo Campos Álvarez (32), manifestante herido por la violencia policial en la zona del proyecto minero Conga. Con esta acción, ERI busca obtener información y documentos de la empresa Newmont que asistan a los procesos judiciales abiertos en el Perú relativos a la represión de la protesta social contra el proyecto.
El demandante, residente del departamento de Cajamarca, donde está ubicado el proyecto, recibió dos impactos de bala en la espalda el 29 de noviembre de 2011, mientras protestaba pacíficamente en el lugar donde se propone la mina. Por las lesiones sufridas, Campos perdió un riñón y quedó parapléjico. Fue uno de los 24 manifestantes heridos por la policía durante aquella jornada.
La empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont, firmó un contrato con la Policía Nacional del Perú para la prestación de servicios de seguridad. Los agentes de policía implicados en la represión del 29 de noviembre afirmaron ante los fiscales locales que estaban proporcionando seguridad a la empresa. El proyecto Conga generó una fuerte oposición en las comunidades cercanas, ya que supone la destrucción de lagunas altoandinas vitales para el sistema hídrico, y consideradas como fuente fundamental de vida por la población local.
“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú”, dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia en el Perú”.
El demandante busca información de la empresa Newmont – como evidencias fotográficas y de video, informes de seguridad de empleados de Minera Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas – que aporten claridad sobre lo ocurrido.
Si se proporciona, la información solicitada ayudará a las autoridades judiciales peruanas que investigan los hechos, tanto en la investigación penal pendiente contra los dos agentes al mando de la policía aquel día, como en una demanda civil presentada por el señor Campos contra la Policía Nacional de Perú y otros oficiales públicos.
“Justicia significa, en primer lugar, que haya una verdadera investigación para determinar quiénes fueron los responsables y que paguen por sus crímenes. En segundo lugar, significa que el gobierno cumpla con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y el medioambiente, en lugar de imponer un proyecto minero destructivo mediante conductas policiales abusivas”, señaló Elmer Campos.
La actividad minera es conflictiva en el Perú: en septiembre de 2012 la Defensoría del Pueblo reportó 223 conflictos sociales activos, dos tercios de ellos vinculados a la extracción de minerales. La Defensoría registra además 196 muertos y 2369 heridos en conflictos por los recursos naturales entre 2006 y 2011.
“Esperamos que la acción en los Estados Unidos apoye los esfuerzos legales en curso en el Perú para buscar justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y ayude a poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas”, señaló Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, institución que representa al señor Campos como parte civil agraviada en la investigación penal.
La acción legal ante la Corte Federal fue presentada bajo el Estatuto 28 USC § 1782, ley que permite a las partes de procedimientos judiciales en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.
Además de EarthRights International, el señor Campos es representado en la acción ante la Corte Federal estadounidense por Gail Johnson, de Johnson, Brenner & Klein, PLLC, con sede en Boulder, Colorado.
EarthRights International (ERI) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que combina el poder de la ley y los pueblos en defensa de los derechos humanos y el medioambiente, definidos de manera conjunta como “derechos de la tierra”. Nos especializamos en investigación y acciones legales contra quienes violan estos derechos, capacitamos a líderes comunitarios y promovemos campañas de incidencia pública y tenemos oficinas en el Sur Este de Asia, Estados Unidos y Peru.
