15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de las Américas, comparecieron ante la CIDH para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales.
En el marco del diálogo entre las organizaciones sociales y la CIDH se abordaron los siguientes temas: los impactos del cambio climático en los derechos humanos de los y las ciudadanos/as; las medidas para afrontar el cambio climático y sus implicaciones respecto a los derechos humanos; los impactos diferenciados del cambio climático en los derechos de grupos vulnerables; y las obligaciones de los Estados y responsabilidades de actores no-estatales en el contexto del cambio climático y los derechos humanos.
Frente al modelo extractivista predominante en el continente, las organizaciones pidieron a la CIDH que inste a los Estados de la región a tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras.
Además, resaltaron la necesidad de promover modelos de transición energética que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de justicia intergeneracional, mujeres, y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva y no discriminación, para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual.
A la luz del Acuerdo de Escazú, que varios países de la región ya han firmado o ratificado, es importante resaltar la importancia de garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y las respuestas al respecto; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) subrayaron la importancia y urgencia del tema, llamaron al trabajo integral y conjunto con Estados y sociedad civil, así como a visibilizar el rol de las empresas e instituciones financieras en estos contextos. Cabe resaltar que la audiencia fue presidida por cuatro mujeres: la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, las comisionadas Antonia Urrejola y Margarette May Macaulay, y la Relatora Especial sobre DESCA, Soledad García Muñoz.
Además, esperamos que la publicación de este informe sea también de utilidad para las personas interesadas en profundizar sus conocimientos en estos temas. Finalmente, quiero agradecer a los autores y las autoras por el gran esfuerzo conjunto de elaborar este importante informe.
