Fotografía: Observatorio de Conflictos Mineros
Desde EarthRights International (ERI) hacemos un llamado urgente al Estado peruano para que cesen las violaciones de derechos como el derecho a la integridad, a la protesta social, a la libertad personal, de tránsito, a la libertad de reunión, entre otros; se derogue la norma que declaró el estado de emergencia los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui así como se detenga el uso irracional de la fuerza pública contra la comunidad originaria de Fuerabamba, (provincia de Cotabambas, Apurímac, Perú).
Al respecto, la comunidad originaria de Fuerabamba viene demandando desde hace semanas el cumplimiento de los acuerdos firmados bilateralmente con la empresa minera china MMG Las Bambas; sin embargo, frente a la falta de respuesta efectiva decidieron ejercer su derecho a la protesta social —derecho constitucional reconocido por el Tribunal Constitucional y las normas y estándares internacionales—ocupando tierras originarias y demandando el diálogo con autoridades del gobierno nacional.
Lamentablemente, el 27 de abril de este año, en vez de buscar soluciones adecuadas y el íntegro cumplimiento de los acuerdos por parte de la empresa minera, el gobierno nacional optó por decretar estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. Este decreto de emergencia no expone los motivos ni sustenta las razones de por qué se estaría afectando la vida de la nación, solo se basa en informes reservados de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Cabe mencionar que la PNP, hasta el año 2020, ha suscrito con la empresa minera por lo menos cuatro convenios mediante los cuales la policía le brinda servicios policiales extraordinarios. Por este motivo, el Frente Único de Defensa de la Provincia de Cotabambas, con la asesoría legal de EarthRights International y otras organizaciones, presentó una demanda de amparo en contra de esos convenios
La acción del Estado se volvió especialmente grave en horas de la tarde del 27 de abril, debido a que un contingente de aproximadamente 600 policías atacó con armas letales, perdigones y gases lacrimógenos a la población con el objetivo de desalojarla. Existen decenas de personas heridas, dos de ellos de gravedad, una comunera podría perder incluso la vista, y el periodista Raúl Cabrera del diario La República fue detenido por la policía, trasladado y retenido en las instalaciones de la empresa minera, así como todo su material periodístico borrado. El día de hoy, 28 de abril, estos ataques a la población han continuado, agravando la situación.
Cabe recordar que las protestas de la población de Apurímac llevan ya muchos años debido al incumplimiento de los múltiples y reservados acuerdos de la empresa minera Las Bambas. Lo más grave es que el Estado peruano, quien tiene la obligación de garantizar los derechos de la población afectada, lejos de defenderlos ha restringido sus derechos mediante medidas ilegales, innecesarias y violentas como el traslado de Fuerza Pública y el uso de la fuerza de manera no reglamentaria .
Exigimos el cese del uso abusivo de la fuerza por parte del Estado para con las comunidades afectadas por los incumplimientos de la empresa minera. Reiteramos que el uso de los estados de emergencia solo pueden ser aplicados cuando se pone en peligro la vida de la nación, además recordamos que de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, la suspensión de derechos mediante estados de emergencia solo puede darse cuando se amenace la independencia o seguridad del Estado parte, situación que acá no se ha dado y que, además, cuando se decretan estos estados de emergencia, el Estado tiene un deber reforzado de proteger la vida e integridad de la población, obligación que el Estado peruano también está incumpliendo.
