Informamos que un representante de Minera Yanacocha junto con dos miembros de la Policía Nacional del Perú llegó a la casa de Máxima Acuña Atalaya en Tragadero Grande el 03/05/2020, donde se encontraba Daniel Chaupe, uno de sus hijos, quien se encontraba preparando su terreno para sembrar papas.

Daniel pidió a las personas que se identificaran por sus nombres y cargos, pero éstos rechazaron el pedido, incumpliendo normas de procedimiento que establece la ley. Los policías le informaron a Daniel que tienen un convenio con la empresa minera Yanacocha, y querían constatar una invasión por parte de la familia.  

Las fotos de estos hechos han sido publicadas por Daniel en redes sociales, las que confirman los actos de hostigamiento de parte de la minera Yanacocha y la participación de la Policía Nacional en estos hechos que constituyen  una violación  a los derechos humanos.

Como consecuencia de ello, al día siguiente Daniel publicó un video narrado para demostrar que las actividades agrícolas realizadas se encontraban dentro del predio de habitad y posesión de la familia de Máxima Acuña Atalaya y no en la propiedad de la Minera Yanacocha. 

“Tenemos miedo que se pierdan esas plantas, y también que este cultivo ya que nos cuesta mucho sacrificio, mucha fuerza para poder hacerlo, prepararlo, sea destruido por la empresa Minera Yanacocha,”  declaró Daniel Chaupe.   

Al respecto, EarthRights, como organización de la sociedad civil que acompaña a la familia en proceso legal en los Estados Unidos, que alega que las fuerzas de seguridad de la empresa han acosado repetidamente y abusado físicamente de Máxima y su familia, rechazamos y denunciamos públicamente este tipo de actos de amedrentamiento y hostigamiento proveniente de la Minera Yanacocha con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, bajo el amparo de convenios de seguridad privada que son ilegales e inconstitucionales. Así mismo manifestamos que estos actos bajo ningún motivo pueden ser calificados como parte del ejercicio de la “defensa posesoria”

Cabe recordar que esta actuación irregular e intimidante es parte de un patrón de abuso y hostigamiento por parte de la empresa. Minera Yanacocha ha invadido el predio de la familia en muchas oportunidades, ocasiones en que se ha destruido los cultivos de la familia Chaupe, en que Máxima fue agredida, y en que también participó la Policía Nacional, todo bajo la supuesta justificación de “defensa posesoria.” 

Por el hostigamiento reciente, tememos que la empresa junto con la Policía Nacional, estén preparando hacer lo mismo de nuevo. Debemos entender que el conflicto con la familia Chaupe sobre la propiedad de la tierra en relación al predio Tragadero Grande se viene resolviendo ante una corte peruana y por ende debe ser resuelto dentro del marco de un Estado de Derecho y no mediante amenazas o actos de intimidación y hostigamiento. 

Desde EarthRights condenamos cualquier hecho de destrucción de los cultivos de la familia, o cualquier impedimento para el desarrollo de sus actividades comerciales agrícolas, así como cualquier atentando contra la vida e integridad personal de cualquiera de los miembros de la familia.

Instamos a la empresa y a las autoridades peruanas que tomen las medidas necesarias para que este tipo de hechos, como el amedrentamiento, el hostigamiento y la destrucción de los cultivos, no se repita. Instamos de manera particular a las autoridades peruanas, a que cumpla con sus obligaciones y vele por el respeto y garantía de derechos de la familia Chaupe, más aún en este contexto de la actual de crisis sanitaria, donde el respeto y cuidado de las cosechas y los productos agrícolas son fundamentales para la subsistencia. 

Exigimos que la empresa respete el proceso legal y respete el Estado de emergencia, y que no se aprovecharse de la situación para seguir actuando de manera ilegal, bajo el amparo de la Policía Nacional. Finalmente, hacemos un llamado para que la Policía Nacional, cumpla con sus obligaciones y velen por el orden y la seguridad general. Que en este contexto de emergencia y crisis sanitaria apoyen y garanticen la protección de la población, y dejen de proteger los intereses privados de las empresas, pues esa no es su función, por tanto, es ilegal. 

Reiteramos nuestro rechazo a los actos perpetrados contra Máxima, como mujer defensora, y contra su familia porque constituyen violaciones de derechos humanos, desconocen el Estado de Derecho y porque son contrarios a las medidas cautelares y a todas las recomendaciones hechas al Estado peruano por los órganos del sistema interamericano.

 

Contacto:

Piero Meza
Coordinador de Comunicaciones, EarthRights International
+51 941 471 960
piero@earthrights.org