27 de septiembre 2019, Washington DC – Nunca antes en la historia de la humanidad el sistema climático de la Tierra ha estado tan amenazado. Y nunca antes las defensoras y los defensores del ambiente han estado bajo tanto ataque. Estos son los temas abordados en una audiencia inédita en materia de derechos humanos realizada hoy en la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) y en el nuevo informe presentado por organizaciones de la sociedad civil y víctimas.
La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática sobre la persecución de Defensoras y Defensores Ambientales en América Latina, enfocada específicamente sobre el abuso de los sistemas judiciales penales en países de la región para criminalizar y deslegitimar el trabajo que realizan activistas ambientales del continente. La CIDH escuchó el testimonio de algunos de las Defensoras y Defensores Ambientales más notorios de la región. Estos son activistas que ponen sus vidas en riesgo para proteger a nuestro planeta y para frenar la contaminación ambiental que está causando el cambio climático, destruyendo algunos de los ecosistemas más delicados, y afectando a la salud de comunidades en todo el Planeta Tierra.
En la audiencia se identificaron patrones y prácticas que cada vez son más sofisticadas, perpetuadas por Estados que criminalizan a Defensoras y Defensores Ambientales con el fin de deslegitimar al activista ante la opinión pública y justificar la intervención del poder penal del Estado para frenarlos. Específicamente, expertos y víctimas coincidieron en lo que denominan “persecución por pertenecer a un grupo”. Esto es un ejercicio selectivo del poder punitivo del Estado no en función de ley, sino con la clara intencionalidad de afectar a un grupo y atemorizarlos. Los ambientalistas se refirieron a las tácticas utilizadas que incluyen campañas difamatorias, acusándoles falsamente en medios sociales y en medios periodísticos, investigaciones penales infundadas, el armado de causas penales que carecen de pruebas reales y que están plagadas de violaciones del debido proceso— con el fin claro de frenar a su activismo. La audiencia también examinó las maneras en las que contaminadores poderosos se vinculan con poderes políticos y con jueces y tribunales corruptos para llevar a cabo una persecución judicial sostenida en contra de Defensoras y Defensores Ambientales, de sus organizaciones civiles, y de sus allegados.
La activista ambiental mundialmente reconocida, Romina Picolotti, quien coordinó el informe presentado ante la CIDH, ganadora del prestigioso Premio Sophie en 2006 por vincular los derechos humanos con al ambiente, y ganadora del Premio de Protección del Clima de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA), felicitó a la CIDH por llamar la atención sobre la situación que enfrentan las Defensoras y Defensores Ambientales, explicando, “Mientras los científicos advierten sobre la emergencia climática y la amenaza existencial de un cambio climático irreversible, actores que se han beneficiado de manera desproporcionada de la explotación insostenible de recursos naturales, corren el riesgo de perder ganancias exorbitantes como consecuencia de controles ambientales más estrictos. Nosotros, como Defensoras y Defensores Ambientales, estamos en la mira y somos víctimas de la persecución, criminalizados para frenar nuestro intento de proteger al Planeta. Las Defensoras y Defensores Ambientales, como ‘grupo’, estamos siendo atacados, y esto tiene severas consecuencias para los individuos, para sus familias, para las organizaciones civiles que representan y para la democracia. Necesitamos una fuerte y coordinada acción internacional para proteger a los ciudadanos del mundo que están tratando de proteger a la Tierra.”
La audiencia fue solicitada por más de treinta organizaciones y movimientos ambientales, y también por Relatores Especiales de Naciones Unidas, ex Comisionados, Presidentes y Relatores Especiales de la CIDH.
Especialmente confeccionado para la audiencia, los organizadores, apoyados por numerosas entidades de la región, publicaron un informe que describe el marco contextual de la criminalización de las Defensoras y Defensores Ambientales que recuenta escalofriantes detalles de decenas de casos de abuso, de personas e instituciones criminalizadas por su activismo ambiental en sus respectivos países. Algunos de estos activistas viajaron a Washington DC para prestar su testimonio ante la CIDH sobre la persecución que sufren por su activismo.
Belén Curamil, hija del líder indígena Mapuche, Alberto Curamil, en Chile (recipiente del prestigioso Premio Goldman 2019), cuenta como su padre fue, a raíz de una denuncia anónima, encarcelado en 2018 (aun permanece en la cárcel) sin la realización de un juicio. Detalla cómo la causa penal inventada contra su padre evidencia reiteradas violaciones al debido proceso. Belén Curamil declaró durante su estadía en Washington, “La lucha del pueblo mapuche es una lucha por la vida, por el equilibrio de los ecosistemas, por ser más y mejores personas que convivan con la tierra. Pero en Chile, eso no se reconoce, y la respuesta es siempre la misma: la represión, la cárcel, la criminalización, el hostigamiento y la ausencia de justicia para nuestro pueblo y luchadores socio-ambientales. Hoy, mi padre, Alberto Curamil, sufre la prisión política porque es un Defensor Ambiental y autoridad tradicional de un pueblo originario en el país. Sólo queremos que se haga un juicio justo e imparcial para demostrar su inocencia, pero el juicio se dilata y no llega. Libertad para Alberto Curamil!”
Eduardo Mosqueda es otro Defensor Ambiental, arbitrariamente arrestado en México en el año 2015, mientras defendía sus tierras ancestrales en la comunidad indígena en Nahua. Mosqueda y otros 33 líderes indígenas, protestaban para proteger a los recursos ambientales cobijados por su comunidad, cuando fueron arbitrariamente detenidos y encarcelados por el Estado mexicano en Colima. Mosqueda permaneció en la cárcel durante 10 meses hasta que un juez federal determinó que no había sustento judicial para mantener la causa en su contra.
Milton Sánchez de Perú describió como fue arrestado y que un fiscal lo acusa de disturbios de paz, luego de que se manifestó abiertamente en contra de un emprendimiento minero rechazado por la comunidad por el impacto ambiental que genera en sus tierras. La fiscalía peruana pidió 7 años de cárcel para Sánchez.
Romina Picolotti también ofreció a la CIDH el relato de su persecución en lo que ha sido un procesamiento de más de una década, armado en Argentina, donde Defensoras y Defensores Ambientales también sufren criminalización por su activismo. Picolotti fundó una de las ONGs ambientalistas más influyentes del país, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), lo que llevó a su nombramiento durante el período 2006-2008 como Secretaría de Ambiente de la Nación. Siendo la máxima autoridad ambiental en su país, Picolotti creó una policía ambiental y capacitó a una fuerza de control ambiental que realizaría más de 9,000 actas de control de cumplimiento de normativa ambiental en contra de grandes contaminadores, algo que nunca existió en la historia del país. La Secretaría de Ambiente, bajo Picolotti, ordenó la clausura de algunas de las empresas más nocivas en zonas altamente contaminadas de la Argentina. Una de esas empresas fue la refinería de la petrolera Shell, donde luego de una minuciosa auditoría, se encontraron cientos de violaciones ambientales. Picolotti ordenó la clausura temporaria de la refinería. En 2007, se inicia en Argentina una acción penal infundada en contra de la activista, sustentada en falsas acusaciones de un contaminador industrial que estaba bajo investigación de la Secretaria de Ambiente por incumplimiento ambiental. El proceso penal en contra de Picolotti lleva más de 12 años, basado en falsedades, violaciones del debido proceso, y en irregularidades con las pruebas presentadas.
Los casos presentados ante la Comisión son ejemplos del sofisticado uso de la criminalización en contra de Defensoras y Defensores Ambientales, para confrontar a su lucha ambiental. Muchos casos penales en contra de Defensoras y Defensores Ambientales reflejan patrones similares: acusaciones infundadas, violaciones del debido proceso y otras irregularidades procesales—tales como detenciones arbitrarias, manipulación de prueba y demoras ilegales en el procedimiento de las causas.
La criminalización es un riesgo particularmente pernicioso porque los procesos judiciales de los Estados en contra de los ambientalistas tienen la “apariencia” de legitimidad. El público en general no se da cuenta que se está manipulando el sistema penal específicamente para atacar a las Defensoras y Defensores Ambientales.
La lucha por un Planeta Tierra más saludable necesita a las Defensoras y Defensores Ambientales. La CIDH puede ayudar a protegerlos. Con el objetivo de abordar este fenómeno preocupante de la criminalización, los participantes en la audiencia recomendaron a la CIDH que tomara una serie de acciones, incluyendo el reconocimiento público de que esta persecución es en contra de Defensoras y Defensores Ambientales como grupo. También se pidió que se apoyara regionalmente la defensa del ambiente y recomendaron que la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos acelere las peticiones presentadas por Defensoras y Defensores Ambientales, alegando que están siendo criminalizados como represalia por su trabajo.
Se puede consultar la serie completa de recomendaciones en el informe publicado hoy.
Para más información sobre la audiencia contactar a:
Jorge Daniel Taillant, Director –Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
jdtaillant@gmail.com; +1 (415) 713 2309
Trina Thorbjornsen – Institute for Governance & Sustainable Development (IGSD)
tthorbjornsen@igsd.org; + 1 (202) 338-1300
Piero Meza, Coordinador de Comunicaciones – EarthRights International (ERI)
piero@earthrights.org; + 51 941 471 960
Alex McAnarney – Center for Justice and International Law (CEJIL);
amcanarney@cejil.org; +1 (305) 335-5665
