- La Municipalidad Provincial de Pasco presentó un informe oral ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima solicitando resolver a favor la demanda contra el grupo Volcan, luego de que las empresas mineras pidieran que la demanda sea declarada improcedente.
Cerro de Pasco – Lima, 29 de octubre de 2026 – Hoy tuvo lugar una etapa decisiva en el marco de la demanda de amparo constitucional interpuesta por la Municipalidad Provincial de Pasco el pasado 28 de mayo, en contra de la empresa Volcan compañía minera S.A.A. y sus subsidiarias: Administradora Cerro S.A.C., Minera Paragsha S.A.C. y Óxidos de Pasco S.A.C.
La diligencia se dio, luego de que las empresas demandadas le solicitaron al juez que declarara infundada la demanda, alegando que no existe una relación directa entre sus actividades y las afectaciones al aire, fuentes hídricas y los suelos. Pese a las 50 procesos administrativos sancionadores (PAS) impuestos a las empresas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Agencia Nacional de Agua (ANA), por el inadecuado vertimiento de residuos mineros en los cuerpos de agua, el incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, las deficiencias en la gestión de fiscalización y la falta de medidas correctivas ordenadas.
Durante la presentación del informe oral, la Municipalidad pidió justicia y reparación por los graves daños ambientales y las afectaciones a la salud pública causados por más de 25 años de operaciones de las empresas del grupo Volcan. Tales impactos han sido ampliamente documentados a través de los estudios científicos realizados por organizaciones como Centro Labor y Source International, entre 2009 y 2024.
“Lo que está en discusión es la vida de seres humanos, de niños y niñas que tienen en su organismo niveles letales de plomo, arsénico, cadmio y otros metales pesados, producto de la contaminación ambiental acumulada por décadas en Cerro de Pasco”, afirmó el Procurador Público Municipal, Dr. Darwin Alejandro Ramón Yalico.
Por su parte, la representación legal de las empresas del grupo Volcan sostuvo que sus operaciones cuentan con la debida autorización e instrumentos de gestión ambiental y que garantizar la salud de las personas es deber del Estado. Con este argumento, insiste en eludir su responsabilidad frente a la contaminación por metales pesados que han provocado sus operaciones en Cerro de Pasco.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, así como las Relatorías de Desechos Tóxicos y la del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, entre otras, se pronunciaron al respecto, recordando que no es la primera vez que se han comunicado con el Estado de Perú y la minera Volcan. En su declaración señalaron que “los Estados tienen el deber de garantizar que las barreras legales y prácticas no impidan a las personas afectadas buscar justicia”.
Las organizaciones que acompañamos esta acción en defensa del ambiente y los derechos de la población, solicitamos que se adopten medidas para detener los abusos cometidos y garantizar los derechos fundamentales al ambiente sano, la salud y la vida; entre ellas:
- El diseño e implementación inmediata de un plan de acción para reparar las zonas afectadas.
- La limpieza y descontaminación de los ríos Tingo, San Juan y Ragra junto con las lagunas Quiulacocha y Yanamate.
- Que se lleve a cabo una evaluación médica especializada a la población.La atención integral en salud a niños, niñas y personas en mayor condición de vulnerabilidad.
- Garantías de no repetición que aseguren que las empresas transformen la manera de llevar a cabo sus operaciones, para que los daños ocasionados no se vuelvan a repetir.
“Acudimos para pedir justicia para el cumplimiento de derechos fundamentales, a fin de que se le devuelva la dignidad a una ciudad que sufre las consecuencias de la voracidad empresarial”, concluyó el Procurador Municipal.
Para conocer más información acerca del caso:
Contaminación Ambiental en Cerro de Pasco | EarthRights International
CONTACTO DE MEDIOS:
María Paula Riveros F.
Oficina de Latinoamérica EarthRights International