Estado del caso: Cerrado
Temas: Defensores ambientales
Ubicación: Perú, Departamento de Cusco, Provincia de Espinar, Comunidad campesina de Urinsaya.
RESUMEN DEL CASO
En enero de 2020, diez personas de la comunidad campesina de Urinsaya fueron acusadas injustamente de secuestro tras participar en una protesta pacífica contra la contaminación causada por cientos de camiones de la minera Las Bambas, que atraviesan diariamente su territorio. La Fiscalía de Espinar presentó una acusación en su contra solicitando hasta veinte años de cárcel.
El 23 de octubre de 2025, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco reconoció su inocencia. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones de Sicuani mediante sentencia de 19 de mayo de 2026, tras rechazar la apelación interpuesta por la Fiscalía a la sentencia previa.
EarthRights asumió, en 2021, la defensa de tres de las personas acusadas.
CONTEXTO
La comunidad de Urinsaya, ubicada en la provincia de Espinar al sur de Perú, viene denunciando por años la contaminación ambiental causada por cientos de camiones de la minera Las Bambas —principal exportadora de cobre del país— que recorren diariamente el Corredor Minero que cruza su territorio.
Ante la inacción de las autoridades y la falta de respuesta de la empresa minera, la comunidad llevó a cabo una protesta pacífica el 30 de enero de 2020. Al día siguiente, ocho líderes y dos lideresas fueron notificados de una denuncia por el presunto secuestro del entonces trabajador de PROSEGUR, empresa que prestaba servicios de seguridad a la minera Las Bambas.
Tras más de cuatro años de persecución judicial, y más de 40 audiencias, el 23 de octubre de 2025, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco absolvió a los 10 comuneros y comuneras, señalando que no existen evidencias de violencia ni privación de libertad y que el caso se basa en especulaciones.
A pesar de las graves inconsistencias probadas por la defensa a lo largo del juicio, incluyendo el testimonio del supuesto denunciante, quien negó haber presentado la denuncia y afirmó no reconocer su firma en el acta policial, la Fiscalía apeló la sentencia. Este hecho evidencia la criminalización que enfrentan en Perú los defensores y defensoras ambientales, para silenciar a quienes exigen su derecho fundamental a vivir en un ambiente sano.
Brigida Huamani Huillca
Jorge Kana Taco
Isaias Kana Huillca
Guillermo Kana Chuma
Matilde Huamani Ccompi
Guillermo Hermogenes Quispe Taco
Roger Choqqueccotta Qquehue
Santos Gregorio Arphi Quise
Abel Kana Quispe
En 2021 asumimos la defensa de: Matilde Huamani Ccompi, Roger Choqqueccota Qquehue y Santos Gregorio Arphi Quispe, acusados por el delito de secuestro agravado.
Línea de tiempo
2019
La comunidad de Urinsaya inició manifestaciones debido a los impactos ambientales causados por el alto flujo diario de camiones en la carretera comunal. Se han reportado varios accidentes con camiones que transportan minerales, incluyendo derrames, dentro del territorio de Urinsaya.
2020
El 30 de enero, durante una protesta pacífica llevada a cabo por la comunidad en el puente Huañamayo, ubicado en la comunidad, los participantes notaron a un individuo tomando fotografías. Cuando se le solicitó que se identificara, esta persona afirmó ser ganadero y extrabajador de PROSEGUR, la empresa que proporcionaba servicios de seguridad a la minera Las Bambas.
Luego de este encuentro, el trabajador de PROSEGUR se trasladó libremente a su alojamiento, donde afirma que fue retenido varias horas por un grupo de personas de la comunidad.
Al día siguiente, el 31 de enero, fue interpuesta una denuncia en la comisaría de Vellille, provincia de Espinar, contra 8 comuneros y 2 comuneras de Urinsaya por el presunto delito de secuestro.
La Fiscal solicitó prisión preventiva a los líderes: Abel Kana Quispe y Jorge Kana Taco.
2021
El 11 de febrero de 2021, la Fiscal Adjunta Provincial Penal de Espinar, presentó acusación en contra de los comuneros y comuneras de Urinsaya.
EarthRights International asumió la defensa de tres de las personas acusadas.
En junio de 2021, el Juez de Investigación Preparatoria de Espinar archivó el caso tras determinar que la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes para su acusación, más allá del testimonio del supuesto secuestrado y de una testigo que inicialmente fue señalada también como acusada del delito. Además determinó que la Fiscalía realizó diligencias arbitrarias al presentar la denuncia ante la policía, sin la presencia de un abogado defensor.
El fiscal provincial penal de Espinar apeló la decisión del juez.
2024
La apelación fue resuelta y el caso reabierto, por lo que el expediente fue remitido al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A- Sede Central en Cusco para el inicio del juicio oral.
Durante las audiencias del juicio, la persona que supuestamente había presentado la denuncia policial negó haberla interpuesto, negando incluso que la firma en el documento fuera suya. Además, aseguró que para esa fecha se encontraba a tres horas de distancia del lugar de los hechos, manifestando no tener conocimiento de la existencia de la denuncia ni de su vinculación con el caso.
2025
El 23 de octubre, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial presidido por el magistrado Miguel Ángel Castelo Andía, dictó sentencia absolutoria a favor de los 10 comuneros y comuneras al no haber pruebas en su contra.
El 31 de octubre, la Fiscalía apeló la decisión. Por eso, el caso fue elevado a la Primera Sala Penal de Canchis – Sede Sicuani- para revisión de lo resuelto en primera instancia.
2026
El 19 de mayo de 2026, la Sala Penal de Apelaciones de Sicuani ratificó la sentencia emitida el 23 de octubre de 2025, tras concluir nuevamente que no existen pruebas que acrediten la responsabilidad de los acusados.