En febrero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) anunció que América Central, América del Sur y los pequeños estados insulares, como los países del Caribe, se encuentran entre las regiones más vulnerables a los impactos de la crisis climática. En América Latina y el Caribe, las comunidades indígenas y campesinas de primera línea sufren de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático, a pesar de ser las que menos han contribuido al problema.
El informe también destaca que la respuesta a la crisis climática requiere un enfoque basado en los derechos. El Grupo Intergubernamental indica que los Estados deben adoptar políticas que permitan a los grupos más vulnerables participar de manera significativa en las estrategias para crear resiliencia climática. Esto es algo que los países de América Latina y el Caribe ya habían reconocido al adoptar el Acuerdo de Escazú en 2018 como una herramienta para, entre otras cosas, contribuir a la acción climática.
Sobre el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú) es el primer tratado que incluye obligaciones específicas para el reconocimiento y la protección de los defensores del medio ambiente. El objetivo del acuerdo de garantizar la aplicación plena y efectiva de la participación ambiental, con especial énfasis en los grupos vulnerables, es hoy más importante que nunca. La ciencia es clara: los Estados deben actuar ahora para garantizar un futuro sostenible para la humanidad.
En la actualidad, 12 países son parte del tratado. La sociedad civil se está preparando para la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que se celebrará a finales de abril en Santiago de Chile. Somos optimistas respecto a la reunión, pero también reconocemos la urgencia que hay detrás. El Acuerdo ofrece la oportunidad de garantizar la aplicación de la democracia ambiental en la región y de proteger nuestro derecho a un medio ambiente sano.
Defender los derechos medioambientales
En los últimos dos años, la pandemia ha demostrado que la pobreza, la inequidad y las injusticias ambientales en la región están íntimamente relacionadas. En América Latina se intensifican tres crisis ambientales: el cambio climático, la toxificación del planeta y la pérdida de biodiversidad. Esto es aún más grave en una región con frecuentes violaciones de los derechos humanos.
Aunque el acuerdo ha cambiado la narrativa en torno a la defensa de los derechos ambientales, la violencia contra los defensores va en aumento. El año pasado la región fue considerada la más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos medioambientales. Por segundo año consecutivo, Colombia, mi país de origen, fue el más mortífero para los defensores de los derechos humanos. En la cuenca del Amazonas, los pueblos indígenas están constantemente amenazados por la creciente violencia y la inacción del Estado.
Hace unas semanas, recordamos el sexto aniversario del asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Su familia sigue buscando justicia. Al mismo tiempo, en Colombia, la defensora del medio ambiente Yuvelis Natalia Morales, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, tuvo que abandonar el país por amenazas de grupos armados. Mientras que en Madre de Dios, en la Amazonía peruana, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) se enfrenta a un caso de intimidación judicial por parte de una empresa maderera. Desde EarthRights hemos denunciado que este SLAPP (Strategic litigation against public participation como son conocidas estas demandas en inglés) pretende silenciar los esfuerzos de FENAMAD por proteger los derechos humanos y ambientales del pueblo Mascho Piro en aislamiento.
Expectativas para la primera COP
Como preparación para la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, los países deben acelerar las acciones para su implementación, y aquellos que aún no han ratificado o adherido deben continuar trabajando para convertirse en parte del acuerdo muy pronto. Esto es especialmente cierto en países como Perú y Colombia, donde los ataques y la criminalización contra los defensores de los derechos humanos siguen aumentando. Aunque Escazú sólo lleva un año en vigor, ya somos testigos de algunos de los avances que el acuerdo ha permitido. A nivel regional, las normas del acuerdo se integraron en el Marco de Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo adoptado en 2020. En México y Argentina, Escazú se ha convertido en un instrumento para que los tribunales protejan el derecho de acceso a la información y la participación en el contexto de los proyectos perjudiciales para el clima.
Mientras nos preparamos para la primera COP de Escazú, los países de la región deben intensificar su trabajo y renovar su compromiso con el acuerdo. En la primera COP, las partes adoptarán reglas para sentar las bases de la aplicación efectiva de Escazú, incluidas las normas del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que son fundamentales para garantizar la aplicación efectiva del acuerdo. El Comité es un órgano subsidiario creado en el tratado para examinar el cumplimiento de las partes con respecto a sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Escazú.
Las reglas que adopten las partes durante la COP deben garantizar una composición adecuada del Comité, con miembros independientes y con diversidad regional, étnica y de género. Lo más importante es que el público debe poder presentar comunicaciones al Comité sobre el incumplimiento de las partes. Además, el Comité debe poder adoptar medidas de protección para los peticionarios en peligro, incluidas las personas defensoras del medio ambiente que sufren amenazas. Si se adoptan estos elementos, la región habrá dado un paso importante hacia la rendición de cuentas y la aplicación del acuerdo de Escazú.
La primera COP de Escazú es una oportunidad histórica para sentar las bases de la aplicación efectiva del acuerdo. Como nos recordó el IPCC hace unas semanas, la ventana para actuar ante la crisis climática se está cerrando rápidamente. En este momento histórico, el Acuerdo de Escazú debe convertirse en una herramienta real para proteger el medio ambiente y a la población de América Latina y el Caribe.
