El pasado 28 de abril inició nuevamente una jornada de protestas a lo largo y ancho de Colombia. En un contexto generalizado de violación de derechos humanos que fue y es alertado por diversas instituciones de sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, las y los manifestantes se levantaron para reclamar al gobierno de Iván Duque por la presentación de una propuesta de Ley para generar una Reforma Tributaria. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido violenta, injustificada y desproporcionada. 

Esta nueva ley agravaría severamente la situación de miles de colombianos y colombianas, especialmente considerando los graves impactos de la pandemia de COVID-19, evidenciados, por ejemplo, en el alarmante incremento de la situación de pobreza monetaria (42,5%) y de personas viviendo en extrema pobreza (15,1% en 2020, sobre un 9,6% reportado en 2019), según cifras del propio Estado colombiano.

Pero el legítimo ejercicio del derecho a la protesta que hoy miles de colombianos y colombianas ejercen no ha sido resultado únicamente de  la inconformidad del pueblo por la imposición de una Reforma Tributaria en época de crisis, sino también por la gravísima situación de peligro constante que viven las y los defensores en el país.

Según datos de INDEPAZ, desde la firma del Acuerdo de la Habana en noviembre de 2016, 1,174 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. En lo que va del 2021, al menos 58 defensores y defensoras de derechos humanos y 22 firmantes de paz fueron asesinados, es decir, cada 1.5 días fue asesinada una persona que defendía la paz, la vida o el ambiente en Colombia. Esto hace que Colombia continúe posicionándose como el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos y el ambiente. 

Bajo este escenario, las y los habitantes de Colombia decidieron manifestar su rotundo rechazo al gobierno del Presidente Iván Duque saliendo de forma masiva a las calles desde el pasado 28 de abril. Sin embargo, la respuesta estatal no ha garantizado el ejercicio pacífico de este derecho, sino que por el contrario, ha respondido con un uso desmedido y arbitrario de la fuerza que desconoce los principios legales de necesidad, excepcionalidad, estricta legalidad y proporcionalidad.

Según reporta la ONG Temblores, en seis (6) días de protesta se han reportado 1,443 casos de violencia policial, entre los que se resaltan 31 casos de violencia homicida, 10 casos de violencia sexual y 814 detenciones arbitrarias contra manifestantes. A su vez, la Defensoría del Pueblo ha señalado que al menos 87 personas permanecen desaparecidas en el marco de las jornadas de protesta en Colombia, entre las personas desaparecidas estarían dos (2) menores de edad. Esta cifra contrasta con los datos de la  Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada que ha documentado denuncias por la desaparición de 135 personas, de las cuales 107 continúan desaparecidas. A su vez, llama la atención que sólo para el departamento de Antioquia se han reportado 1.030 casos de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en el marco del ejercicio de la protesta social. 

Y es en este contexto de violencia policial que la implementación de figuras como la “asistencia militar”, le han permitido al Presidente Duque desplegar el pie de la fuerza militar en algunas ciudades, cuestión que genera una gran alarma, ya que es una respuesta desmedida que pone en grave riesgo la vida y la integridad de las y los manifestantes. A su vez, llamamos la atención sobre el riesgo que representa la solicitud de algunos congresistas para que el Presidente Duque declare el Estado de Conmoción Interior, conforme al cual se otorgarían facultades especiales para restringir el derecho de circulación y residencia e intervenir la radio y televisión, entre otras. 

Lamentablemente este contexto de violencia y ataques contra los y las manifestantes no es nuevo. Según reporta la ONG Temblores “entre los años 2017 y 2019, Medicina Legal registró que 639 personas perdieron la vida a manos de agentes de la fuerza pública en Colombia” y al menos 241 casos de violencia sexual habrían sido presuntamente perpetrados por miembros de la fuerza pública.

Desde EarthRights International, una organización dedicada a la defensa y acompañamiento de comunidades étnicas y defensores y defensoras ambientales en diversos países, incluido Colombia, manifestamos nuestro rechazo a la violencia ejercida contra la población civil que ejerce de manera legítima y pacífica su derecho a la protesta social. Exigimos cesen las violaciones a los derechos humanos en Colombia, se investiguen los hechos de manera que no queden en la impunidad y se adelante con urgencia una reforma al sistema policial. 

A su vez,  le pedimos a las demás organizaciones sociales se sumen a este llamado y solicitamos la intervención urgente de organismos internacionales para que el Estado de Colombia garantice los derechos fundamentales de sus habitantes. Hacemos también un llamado al Gobierno del Presidente Joe Biden para que se pronuncie de manera contundente frente a las graves violaciones de derechos humanos y tome acciones específicas para garantizar que ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de Colombia implicadas en violaciones de los DDHH, en particular el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), reciba ningún tipo de apoyo del gobierno de los EEUU.

Finalmente, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y respaldar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social por todos los defensores y defensoras de derechos humanos, asimismo, manifestamos nuestro compromiso en seguir vigilantes frente al respeto de los derechos humanos. 

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