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Piero Meza (ERI)
piero@earthrights.org
941 471 960 (Perú)
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal y EarthRights International presentaron hoy, martes 19 de Febrero del 2019, el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho. Este documento es producto de un análisis riguroso de todos los convenios firmados entre la PNP y las empresas mineras e hidrocarburíferas.
El informe revela la existencia de 138 convenios de prestación de servicios policiales extraordinarios, suscritos entre los años 1995 y 2018; de estos, 29 se encuentran vigentes.
La mayoría de las empresas extractivas con las que hay convenios vigentes tienen proyectos ubicados en regiones donde ha habido movilización social y se han cuestionado los proyectos.
Del total, 5 están en Cajamarca, 10 en el llamado corredor minero (Cusco, Apurímac y Arequipa) y 2 en la Amazonía, habiendo sido firmadas con empresas como Southern Peru, Yanacocha, Antamina y Chinalco.
Del análisis realizado, se destaca la forma en que los convenios afectan la imparcialidad y la independencia de la PNP, favorecen el desarrollo de las actividades empresariales y permiten la violación de derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que se encuentran en las zonas de influencia de los proyectos.
Los convenios tienen por objeto proteger el patrimonio y los intereses económicos de las empresas extractivas, y para lograrlo utilizan a la fuerza policial, lo que desnaturaliza y contradice su finalidad de acuerdo a los principios de un Estado Democrático de Derecho.
También se resalta la instrumentalización de las normas, leyes y directrices de la legislación peruana a favor de las empresas extractivas y contraria a las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos solicitan al Estado que deje sin efecto los convenios suscritos por la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, como parte de su compromiso por el respeto y garantía de los derechos humanos y territoriales.
